¿A quién apunta Cataldo? Los PS investigados en Atacama y la guerrilla política tras la crisis

Este jueves se cumplen 53 días del paro del Colegio de Profesores en la Región de Atacama, que tiene a cerca de 30 mil alumnos de 46 escuelas y liceos de la zona sin clases y en serio riesgo de perder el año escolar; pero, además, a parte del oficialismo inmerso en una verdadera guerrilla en el afán de buscar culpas o desligarse de ellas. El conflicto, a esta altura, trasciende de lo educacional y lo administrativo, y en su arista política ya exhibe coletazos y deja apuntados en el camino a tal punto que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, advirtió que podría haber hechos de corrupción en la administración del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la región.

¿A quién se refiere el secretario de Estado cuando habla de las graves irregularidades, entre ellas sobreprecios y contrataciones cuestionables?

Las sospechas comienzan desde que Cataldo revisó los resultados de las auditorías internas del caso y que derivaron en las salidas de dos funcionarios del SLEP: Miguel Carvajal, concejal de Copiapó y presidente regional del Partido Socialista -quien además tiene una autodenuncia por soborno en el municipio-, y Claudio Álvarez, también militante socialista, concejal por Caldera y jefe de personal del Servicio.

La investigación continúa, y en el ministerio creen que podría haber hechos que agraven más las faltas, sobre todo en las empresas que fueron contratadas por el Servicio con sobreprecios, ya que podrían estar ligadas a funcionarios. Ahí, eso sí, es donde insisten en el Mineduc que son otros organismos quienes tienen que catalogar los hechos, y por ello derivaron los antecedentes a Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

En todo caso, los antecedentes han derivado en un conflicto político mayor entre los parlamentarios de la zona, que han culpado al diputado Juan Santana (PS) -quien presidía la Comisión de Educación- y al exministro Marco Antonio Ávila (RD) -reemplazado el 16 de agosto por Cataldo-, que era cercano al parlamentario, por los nombramientos que no estuvieron a la altura.

De hecho, en las gestiones que han realizado los parlamentarios como grupo para buscar soluciones al paro, los diputados Cristián Tapia (independiente PPD) y Daniella Cicardini (PS) han funcionado como grupo junto a la senadora Yasna Provoste (DC) para establecer vínculos con privados, dejando de lado a Santana en esa estrategia.

Pese a todo, entre los parlamentarios también han apuntado hacia el ministro Cataldo por la lentitud en encontrar respuestas.

A pesar de que el SLEP funciona de manera autónoma del gobierno, Cataldo, como máxima autoridad de la materia en el país, ha estado bajo la lupa por lo que, dicen sus críticos, ha sido una gestión deficiente en esta materia. Por ejemplo, luego de que el ministro de Educación señalara que en esta crisis “no ha fallado el gobierno, el que ha fallado ha sido el Estado”, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, le replicó que “el Estado tampoco se gobierna solo” y que “hay un gobierno que conduce, que lidera, que define políticas, y el gobierno tiene que asumir las responsabilidades, independientemente del tiempo que va pasando y que posibilite que tengamos este problema que se evidencia ahora en el presente. Pero, claramente, hay una responsabilidad del ministerio y tiene que asumirla”.

Pero no fue el único. El exministro de Educación Raúl Figueroa cuestionó este miércoles la labor de la cartera que encabeza Cataldo, indicando que “el Ministerio de Educación, como ha sido evidente en este caso, esperó 50 días para involucrarse directamente”. Y sumó: “Eso en el fondo es un abandono brutal de la principal responsabilidad que le corresponde al ministerio en esta nueva lógica, que es un contacto mucho más directo con la gestión de la educación pública a través de los servicios locales”. Justamente, Figueroa es otro de los señalados por esta crisis. Y es que con él -primero como subsecretario de Educación y luego como titular de la cartera- fue que se instaló el Servicio atacameño. Y las deficiencias, como se ha evidenciado, vienen desde hace tiempo, incluso antes de que asumiera este gobierno.

La situación del exministro Ávila (RD) es más compleja: los problemas, según relatan desde todas las trincheras de esta crisis educativa, son de arrastre y no solo tienen que ver con nombramientos. De hecho, el séptimo capítulo de la acusación constitucional en su contra, que no prosperó, hacía referencia al incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública, “con ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los Servicios Locales de Educación”. Y hoy, incluso, el ministro Cataldo ha decidido corregir las indicaciones legislativas sobre esta materia que había ingresado Ávila.

Fue justamente en una reunión con dicho exministro que comenzó a salir al ruedo otro nombre en esta crisis. “Con respecto al diputado Juan Santana (PS), no mantenemos ningún tipo de contacto y nuestras bases han solicitado que se le impida cualquier posibilidad de acceso al Colegio de Profesores de Atacama, ya que él realizó todo un reparto político dentro del SLEP local”, dijo en su momento Yariela Ardiles, presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, quien además explicó que en una reunión con Ávila “el ministro nos mostró un cuaderno con nombres de asesores, indicando que fueron recomendados por el señor Juan Santana”. Esos nombres serían los de Miguel Carvajal y Claudio Álvarez.

Como se ha dicho, hay quienes acusan al diputado Santana, expresidente de la Comisión de Educación, de ser cercano a Carvajal y Álvarez y haberlos recomendado para esos puestos. “Quienes intentan sacar provecho político de esa crisis educativa no solo muestran una actitud miserable, sino que también develan su desinterés por la solución de los problemas y la educación de los niños”, respondió el propio diputado Santana.

Por otro lado, no pocos creen que en el caso la diputada Daniella Cicardini (PS) y la senadora Yasna Provoste (DC), quienes han protagonizado la fiscalización del conflicto, hay una medición de fuerzas en la zona ante los próximos procesos eleccionarios, ya que la diputada cumple su tercer periodo y podría competir por la senatorial.

Cicardini ha adquirido figuración con reuniones, oficios a Contraloría y gestiones ante privados. En tanto, a la exministra, internamente, se le ha cuestionado que en los inicios de esta nueva institucionalidad haya pujado porque Atacama fuera uno de los primeros SLEP en crearse, a sabiendas, según le reprochan, de que no tenía las condiciones para ser pionero. Hoy es una de las voces más críticas hacia el gobierno en esta materia y al mismo tiempo es vista como una de las llaves para destrabar el paro por su cercanía con el mundo de los profesores movilizados.

Dentro del mundo de los docentes es, precisamente, donde asoma el último de los apuntados de esta crisis: Carlos Rodríguez, presidente regional del Colegio de Profesores y Profesoras. Luego del frustrado llamado nacional del Colegio de Profesores para movilizarse en apoyo a Atacama, el propio Cataldo calificó la convocatoria como “una locura” y manifestó su “preocupación” en torno a la situación. “No tenemos que convertir la educación en una trinchera política”, manifestó, antes de añadir que “lo que uno tiene que reconocer es que el Colegio de Profesores está a menos de un mes de sus elecciones internas. Algún factor debe haber en torno a ello”. También dijo que estaban las condiciones para volver en varios recintos. Rodríguez, en tanto, se ha defendido diciendo que “con el ministro acordamos una salida para esto, que son las condiciones habilitantes, es que los servicios básicos funcionen plenamente en los establecimiento educacionales y que los materiales e insumos que permiten funcionar tanto en liceo como a escuelas estén. Eso hasta este momento no ha sucedido”.