El Juzgado de Garantía de Concepción decretó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva contra los integrantes de una organización criminal que habría operado entre 2021 y 2025, otorgando préstamos ilegales con intereses abusivos y enviando sus ganancias a Colombia.

La magistrada Milena Ubilla resolvió dejar bajo la medida cautelar más gravosa a 15 personas de nacionalidad colombiana, formalizadas por el Ministerio Público como autores de diversos delitos vinculados a un esquema de préstamos informales.

Entre los imputados figuran Nicolás Antonio Cardona Trujillo, Juan Camilo Cardona Trujillo, Andrés Mauricio Echeverry Cardona, Marcelo León Ospina, Miguel Ángel Bedoya Carvajal, Natalia Valencia Correa, Juan Pablo Ramírez Marín, Juan Diego Landazuri Londoño, María Vanessa Galvis Trujillo, Daniel Henao Betancur y Jann Marcelo León Henao, todos acusados de extorsión, usura, asociación criminal y lavado de activos.

A ellos se suman Adriana Villamil Bedoya, Saira Tatiana Ospina Ospina y Marisol Henao Martínez, imputadas por usura, asociación criminal y lavado de activos, además de Diana Yisel Arcila Correa, acusada de asociación criminal y lavado de activos.

El tribunal argumentó que la prisión preventiva es necesaria por el peligro para la seguridad de la sociedad, riesgo de fuga y para asegurar el éxito de la investigación.

Modus operandi

De acuerdo con el Ministerio Público, desde 2021 hasta 2025, los imputados formaron una red criminal dedicada a prestar dinero de manera informal en comunas del Gran Concepción, cobrando un 20% de interés sobre el monto total. Los pagos se realizaban en cuotas mensuales o semanales.

Los líderes identificados son Marlon Correa –actualmente con orden de detención pendiente–, junto a los hermanos Cardona Trujillo y Echeverry Cardona, quienes se coordinaban con otros miembros para captar clientes y organizar los cobros.

“Se trata de una estructura jerárquica, con roles definidos para captar, supervisar y presionar a los deudores, que recurría incluso a la intimidación frente a los incumplimientos”, explicó la Fiscalía durante la audiencia.

Captadores, recolectores y supervisores

La red funcionaba en distintos niveles. María de los Ángeles León Henao, Diosa Alejandra Jirón Bedoya y Sara Alejandra Chica Trujillo –actualmente prófugas– junto a otros integrantes, cumplían funciones de captación y cobranza, repartiendo folletos y visitando a clientes.

Cuando los deudores no cumplían con los pagos, estos integrantes recurrían a amenazas e intimidaciones.

En tanto, un segundo grupo compuesto por Marcelo León Ospina, Natalia Valencia Correa, Miguel Ángel Bedoya Carvajal, Juan Pablo Ramírez Marín y Diana Yisel Arcila Correa cumplía tareas de supervisión, encargándose de la renovación de préstamos, cuadratura de caja y fiscalización de las rutas de cobro.

Lavado de activos y bienes adquiridos

El dinero recaudado era depositado en cuentas bancarias chilenas y posteriormente enviado a cuentas en Colombia, con el objetivo de blanquear los fondos ilícitos.

Parte de estos recursos fueron utilizados para adquirir bienes materiales, entre ellos 15 vehículos y 8 motocicletas, empleados tanto en las labores de cobro como en el uso personal de los líderes.

La Fiscalía subrayó que estos movimientos financieros evidencian un patrón de lavado de activos con fines de consolidar la estructura delictiva y ocultar el origen del dinero.

El tribunal estableció un plazo de cuatro meses para la investigación, en la que se espera recopilar pruebas adicionales sobre el funcionamiento de la organización, sus vínculos en Chile y las transferencias internacionales de dinero.

La causa sigue en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas detenciones, particularmente la del líder identificado, Marlon Correa, quien se mantiene prófugo.