La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de H.C.M.L., imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio calificado y cuatro homicidios frustrados en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, y confirmó la resolución que desestimó la solicitud de decretar la suspensión del procedimiento por enajenación mental del amparado.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Cárdenas Sepúlveda, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado (i) Marcelo Díaz Sanhueza– no dio lugar a la acción constitucional, al considerar que el amparado se encuentra privado de libertad por resolución adoptada por tribunal competente y con apego a la ley.

“En estas condiciones, debe concluirse que la acción constitucional deducida a favor del amparado carece de la idoneidad propia de una acción de esta naturaleza, tanto porque las infracciones que se denuncian no se vinculan con los presupuestos fácticos que la hacen procedente, cuanto porque el amparado no se encuentra arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes ni sufre ilegalmente otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual”, sostiene el fallo.

“Aunque lo anterior ya resulta suficiente para desestimar lo pretendido respecto de un pronunciamiento que solo incide en la forma de prosecución del procedimiento penal, la Corte no eludirá los cuestionamientos que se formulan en el recurso en examen”, añade.

La resolución agrega que “el artículo 458 del Código Procesal Penal establece un estatuto excepcional para el imputado respecto de quien, durante el curso del procedimiento, ‘aparecieren antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente’ su inimputabilidad por enajenación mental, imponiendo, en tal hipótesis, la solicitud de informe psiquiátrico que se pronuncie en relación con la conducta punible investigada y la suspensión del procedimiento mientras no se reciba dicho informe”.

“En consecuencia y como ya fuera anunciado, el control de legalidad de esta Corte consiste en verificar si la jueza recurrida aplicó el estándar normativo pertinente y si la conclusión negativa se apoya en razones objetivas y comprensibles, descartando arbitrariedad”, concluye.

Formalización y detalles del ataque en Calama

En la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, detalló los planes que estaban escritos en un cuaderno del imputado H.C.M.L., quien denominó el día como “Dies irae”, escrito en latín que se traduce como “día de ira”. En ello, proyectaba como fecha límite el 15 de mayo de 2026, fijando como lugar el Instituto Obispo Silva Lezaeta, por su accesibilidad y conocimiento de las instalaciones.

Según explicó el fiscal jefe de Calama, el joven de 18 años escribió que el motivo era “odio, capitalismo, misantropía”. Además, especificó que se trataba de un ataque individual, sin cómplices ni incitadores.

Asimismo, en el cuaderno especificaba que en inicio serían de una a cuatro víctimas, pero el “idílico” eran ocho por el “impacto a nivel nacional”. Según leyó el fiscal, el joven indicó que “no pretendo sobrevivir; en caso de hacerlo, perseguiré de forma activa la muerte en reclusión”.

En esa línea, el agresor apuntó las ventajas de sobrevivir como “impacto” y “más fama”, mientras que en los contras identificó el “arresto”, “cadena perpetua”, “vergüenza” y “consecuencias”.

Además, planeó su muerte, indicando que si quería que un carabinero le dispare, requiere “pistola o arma”, lo que calificó como “no realista”. También detalló otros métodos para quitarse la vida si es que escapaba del instituto, aunque esto último lo destacó como “improbable”.