A través de la prensa. Así fue que se enteró este martes el gobierno del balde de agua fría que le lanzó la Contraloría General de la República, luego de que el ente liderado por Dorothy Pérez cuestionara el sistema de registro contable del proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

En simple, la Contraloría se sumó a los cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de la interpretación que hace La Moneda sobre que la iniciativa corresponde a un activo financiero, y ambas entidades han dicho que más bien corresponde a un gasto fiscal. Esto resulta relevante en términos de los registros de la deuda estatal y el cálculo de las metas fiscales, considerando además que la administración de Gabriel Boric siempre ha defendido que este proyecto no tiene implicancias fiscales.

Pero quizás si lo que más dolió al gobierno y a la cartera que está llevando la discusión legislativa, y que lidera Nicolás Cataldo, no fue la sorpresa del pronunciamiento, sino el momento en el que se dio a conocer, pues esto se da a pocos días de que el 5 de noviembre se produzca un seminario en el Senado organizado por la Comisión de Educación, al que acudirán, entre otros, rectores de universidades y una parte de ellos aún no se convence de darle un respaldo explícito a la propuesta, justamente por lo que consideran supuestos erróneos.

El ideal de La Moneda es tener alineados a los rectores -al menos los del Cruch- con respecto a este tema para buscar un apoyo al proyecto antes de su discusión en el Congreso Nacional, lo que en todo caso no ha sido sencillo pues las máximas autoridades universitarias se encuentran divididas por temas, dicho está, como el alcance de la fórmula del FES y cómo afectaría la autonomía institucional, o la viabilidad financiera de los plantes. De hecho, entre los propios rectores ya hay tensión por las intenciones de buscar instalar la idea de un gran acuerdo.

Por lo mismo es que este caso es motivo de preocupación. Desde ya se asume que influirá en la posición que tengan los rectores respecto del asunto. Y no solamente en los rectores, sino también en los parlamentarios. En la intimidad del Ejecutivo, de hecho, hay quienes reconocen que un pronunciamiento así es un duro golpe y que, derechamente, “desmotiva”.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado y quien organiza ese seminario, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), dice a este diario que “el próximo miércoles realizaremos un seminario en el Congreso Nacional para abrir un debate serio sobre el FES. Lo que ha ocurrido con este proyecto es grave, la Contraloría confirmó que el gobierno intentó disfrazar gasto público como si fuera un activo financiero, vulnerando la transparencia fiscal. Este dictamen demuestra que el FES sí genera deuda. Lo del FES exige un cambio de rumbo. Esperamos que el Ejecutivo llegue al seminario con disposición a corregir”.

Hasta el minuto La Moneda, a través del Ministerio de Hacienda, Nicolás Grau, ha dicho que buscarán revertir el asunto a través de un recurso de reposición.

Durante este miércoles la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el tema en Tele13 Radio y dijo que desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) prepararán una respuesta formal al ente contralor. “Se van a explicar y defender los puntos del diseño del proyecto de ley“, dijo.

El mismo Cataldo también se refirió al tema y afirmó que pedirán una reconsideración técnica del dictamen. “Hay un aspecto en el que no estamos de acuerdo, y que tiene que ver con la contabilidad de los compromisos que los estudiantes van a adquirir respecto al financiamiento (...) Sobre esto vamos a hacer una reconsideración. Le vamos a pedir a la Contraloría por argumentos, por razones fundadas que vamos a expresar en el documento, la reconsideración de ese punto en particular, porque no compartimos el criterio que se señala en este informe", dijo.

Pero en paralelo a eso, en las huestes gubernamentales miran con desconfianza el “timing”, según se verbaliza, de la arremetida de Contraloría. Pero también se mira con extrañeza que la entidad fiscalizadora se haya involucrado en temas de asignación presupuestaria.

Del mismo modo también se apunta al diputado ex-RN Miguel Mellado, que integra la Comisión de Hacienda y fue quien requirió el pronunciamiento del ente contralor. El parlamentario dice a La Tercera que “no tengo vela en este entierro” y afirma que no fue quien filtró el documento fechado el 10 de octubre, pero reconoce que sí influirá en el debate legislativo. “Esto es un gasto que no tenemos ahora cómo soportarlo y en el futuro menos con las holguras financieras negativas que nos deja este gobierno. El Senado ya tomó nota que el proyecto como está es muy difícil que salga así. El gobierno tiene que tomar nota igual y buscar un acuerdo razonable”, dice.

Fuentes que conocen el proceso de Contraloría recalcan que por mandato constitucional el ente contralor tiene la obligación de participar en temas contables como este y que siempre lo ha hecho. Y respecto del timing en que se conocen los hechos, las mismas fuentes señalan que el dictamen no es de ahora, que era un documento público en la página web de la Contraloría, pero había pasado desapercibido y que en este se respondió al requerimiento de un parlamentario en base a los tiempos en que Mellado requirió el pronunciamiento y el plazo legal que se tiene para responder.

En tal sentido, lo que se preguntan internamente también en el gobierno es que si era público desde hace más de dos semanas, por qué el pronunciamiento no fue difundido como otros similares y recién se supo de él a pocos días de un seminario crucial.