Esta jornada, la Contraloría General de la República publicó el esperado informe final de la investigación que elevó las alerta sobre presuntas irregularidades en vuelos chárter con niños provenientes de Haití bajo el programa de reunificación familiar.

De acuerdo al preinforme filtrado a la prensa la semana pasada, habían 64 menores que se encontraban inubicables, los cuales, tras un despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, fueron encontrados “bien físicamente, y la mayoría está ingresado al sistema de educación”.

Ahora, y según se detalla en el informe final de la investigación, Contraloría denuncia que ha detectado un “desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar”.

En esto, indican, se identificó incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar. Entre ellos, detallan, “certificados vencidos o no legalizados y la ausencia de documentos obligatorios, así como la emisión de un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento y a los documentos que la ley y el reglamento fijan como indispensables para el ingreso al país”.

A ellos, añaden, se suman irregularidades en el control de vuelos, particularmente chárter, donde se detectó la falta de presentación del listado de pasajeros exigido por la normativa por parte de una aerolínea, sin que se les haya aplicado oportunamente la sanción respectiva por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

También desde la Contraloría apuntan a que existe una ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias en la información, lo que impide asegurar un control adecuado del ingreso al país.

Sumado a esto, el informe evidencia una serie de incumplimientos relevantes en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a “debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios”.

Además, añade,se constata una falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección.

Sobre el Sermig, apuntan, “presenta debilidades significativas en sus controles”.

En esto, se detalla la falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas (como el fallecimiento del vínculo familiar), y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como el Informe Policial. Asimismo, se detectaron deficiencias en la calidad de la información, incluyendo registros incompletos, duplicados o erróneos.

En cuanto a la PDI, el informe de Contraloría también cuiestiona que no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, contando solo con instructivos parciales.

Asimismo, sostienen, también se observaron errores en registros, como digitación incorrecta de pasaportes, discrepancias en la información migratoria respecto del Sermig y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular.

“Se advierte una débil estructura de control interno y gestión, evidenciada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales en la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles en los sistemas informáticos institucionales”, añaden en el comunicado.

Debido a las deficiencias detectadas, Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.

Junto con esto, también ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, para verificar que no se hayan vulnerado sus derechos. Además, se realizará un examen de cuentas autónomo, por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a una aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa.

También, sumado a esto, indican que se instruyó un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del pre informe debido a su filtración a la prensa, y tratamiento indebido de información sensible, “incluyendo datos de los niños, niñas y adolescentes”, junto con el envío de los antecedentes de dicha filtración al Ministerio Público.

Contralora Dorothy Pérez aborda incumplimientos

La contralora, Dorothy Pérez, entregó detalles del informe respecto a los vuelos con niños desde Haití en una sesión de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados citada para primera hora de este miércoles.

En la instancia, la jefa del órgano fiscalizador explicó que tienen el mandato de velar por el cumplimiento de las normas de las instituciones públicas.

“Esta fiscalización tuvo un universo muy acotado. La Contraloría solo revisó el periodo que se nos denunció”, indicó Pérez, precisando que se originó por una acción del entonces diputado Juan Manuel Fuenzalida y consideró vuelos de enero de 2025 a abril de 2025.

Según detalló, hubo 2.792 personas que ingresaron para reunificación familiar en esos cuatro meses y el 52% lo hizo en vuelos chárter. De esas 1.476, 1.229, el 83% eran NNA.

“Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado coordinadamente frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití”, indicó la contralora.

En esa línea, explicó que, durante la investigación, se constató que las aludidas entidades no habían implementado acciones para cumplir con su deber legal de coordinación, tales como definir protocolos para la transferencia de información completa y oportuna.

Tampoco establecieron medidas ante situaciones especiales, dando como ejemplo la muerte de un mayor de edad solicitante de la reunificación familiar que no impidió la llegada de los menores vinculados.

Así, se planteó que “en general, no existen procedimientos conjuntos para verificar la trazabilidad de los menores que ingresan al país en el marco de reunificación familiar y asegurar su protección”.

Los cuestionamientos al proceso de reunificación familiar

Según se enlista en el informe, entre las falencias detectadas por el organismo contralor -además de la falta de coordinación entre Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez- se detalla que existe una falta de revisión por parte de Migraciones de los datos autorreportados por los solicitantes de permisos de reunificación familiar.

Junto con esto, también señalan una falta de protocolos formales en Migraciones que regulen situaciones de fallecimiento de vínculos familiares de menores de edad.

Se denuncia también en el documento que se detectaron estampados electrónicos sin número ni código de verificación de autenticidad emitidos por Migraciones, falta de integridad de la base de datos, existencia de registros repetidos, registros con Rut del vínculo familiar erróneo, carencia de procedimientos y protocolos en materia de control migratorio en la PDI, y falta de formalización del procedimiento sobre entrega de niños, niñas y adolescentes en la PDI.

Sumado a esto, apuntan a falencias en cuanto a registros erróneos informados por la PDI, y discrepancia en la condición migratoria informada por la PDI y la base de datos de Migraciones.