Por cerca de dos horas declaró esta tarde ante el Ministerio Público la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez.

Lo hizo en calidad de imputada -ante el fiscal regional Marcos Pastén y los fiscales de apoyo-, por la responsabilidad que le cabría en la liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, autor material del crimen del comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, quien fue abatido en el exterior de un edificio en Ñuñoa el pasado 19 de junio.

Según fuentes de la investigación, la autoridad judicial, quien ha mantenido su inocencia, es imputada por el delito de prevaricación culposa, el que apunta a una “imprudencia grave o ignorancia inexcusable” al realizar actos que permitieron la liberación del homicida, quien salió de Santiago 1 y escapó del país luego de que se revocara su prisión preventiva tras una serie de errores entre gendarmes y la jueza Rodríguez.

Aunque aún no ha sido formalizada, con la magistrado llegan a 9 los imputados por la causa, incluyendo a una funcionaria del Poder Judicial y siete gendarmes.

La presunta confusión se dio cuando la jueza, tras dictar prisión preventiva para Mejía y otros dos imputados venezolanos, emitió un nuevo oficio a Gendarmería donde corregía el nombre del imputado -en ese momento conocido como Osmar Ferrer-, lo que dejó sin efecto la primera resolución.

Con anterioridad, la jueza ha apuntado a un “error de la parte administrativa” y señalado que faltó un cotejo por parte de Gendarmería.

Según mencionó Irene Rodríguez esta semana, el error que existió fue haber enviado el oficio que corregía el nombre a Gendarmería, ya que era de uso interno para la causa. Pese a esto, indicó que luego de enviarse ese oficio, se remitió inmediatamente un tercer documento a Gendarmería, donde se informaba la prisión preventiva.

Así, la jueza apuntó que existió un error por parte de Gendarmería al no cotejar la información. “Creo que faltó un cotejo y faltó una llamada al tribunal por último, por la duda”, reiteró, enfatizando que “también tiene que haber una investigación de Gendarmería porque esa falta de cotejo no se entiende”.

Sobre el correo enviado a Gendarmería que dejaba en libertad a Albero Carlos Mejía, la jueza agregó que “la verdad que me parece que es un error. Es un error de haber remitido ese mail”.

Respecto a los responsables de enviar el correo, la jueza Rodríguez señaló: “Yo no puedo decir de quién fue el error y quién lo mandó”.