Preocupación transversal ha generado el caso de eventual tráfico de niños haitianos que se advirtió tras un pre informe de la Contraloría y que actualmente indaga la Fiscalía Centro Norte, bajo la dirección del fiscal regional Francisco Jacir.

Las pesquisas buscan establecer cuántos menores de edad ingresaron al país sin los debidos resguardos y documentación, cuál es su paradero, las responsabilidades que le caben a las instituciones que debieron haber monitoreado dichos procesos, y también la participación de terceros en graves ilícitos en contra de los mismos.

Mientras el persecutor regional analiza los primeros antecedentes levantados e imparte las instrucciones a sus equipos, el Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a las 8.00 a los tres poderes del Estado a una reunión a La Moneda para tratar este asunto. A la cita además se sumará el fiscal nacional Ángel Valencia, el director de la PDI, Eduardo Cerna y la contralora Dorothy Pérez. La decisión del Mandatario -que previamente tambien había sido propuesta por la presidenta del Senado Paulina Núñez (RN)- es una señal de la gravedad de este caso que impactó transversalmente a distintas instituciones del Estado.

La decisión del Jefe de Estado se tomó luego de que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), convocara a una reunión interministerial para el Esclarecimiento y Protección de Niños Haitianos, la que al cierre de esta edición aún se desarrollaba en La Moneda.

Pero Kast no es el único que arremetió por este tema. El Congreso también activó sus propias herramientas a fin de recabar mayor información y establecer eventuales responsabilidades políticas.

Durante la mañana de este miércoles, la Cámara aprobó de manera unánime la creación de una comisión investigadora que tendrá por objeto indagar “la actuación y coordinación institucional del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil y demás órganos de la Administración del Estado que hubieren intervenido o debieran haber intervenido en los hechos investigados".

Asimismo, la instancia buscará determinar si las autoridades respondieron adecuadamente a las alertas y denuncias conocidas desde 2023, cuando el exdirector del Sernamig Luis Thayer denunció irregularidades que también derivaron en la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.

La senadora Núñez tomó protagonismo en el tema. De hecho de manera transversal junto a otros senadores ingresó una moción para reforzar los mecanismos de control, verificación y trazabiliad en los procesos de reunificación familiar. Por su parte, y tras una petición del senador Rodolfo Carter, el Senado acordó modificar la tabla y realizar este miércoles una sesión especial para abordar el asunto.

Previo a ello, la Comisión de Seguridad del Senado recibió a diversas autoridades que expusieron sobre la materia. Entre ellos, concurrió el director nacional del Sernamig, Frank Sauerbaum (RN), el jefe de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, Cerna y el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el general Humberto Fernández.

En la instancia, Campos recalcó que “no se puede tapar el sol con un dedo” y que efectivamente se está ante antecedentes gravísimos. La primera premisa, dijo, es que efectivamente durante 2025 se registró un aumento significativo en el ingreso de menores de edad desde Haití. Lo segundo es que Contraloría ya constató que habría irregularidades en el marco de esos ingresos, particularmente en lo referente a reunificación familiar.

En función de una muestra que analizó Contraloría, afirmó Campos, se detectaron irregularidades, falencias de control y de coordinación que hoy están siendo indagadas penalmente. No se escatimará, aseveró, en hacer las solicitudes y diligencias necesarias para establecer dónde están los niños que volaron hasta el país.

Consultado respecto de los delitos que se indagan, aclaró que hasta ahora no hay antecedentes referente a presunto tráfico de órganos en este caso. “No existe ninguna situación, al día de hoy, que diga relación con aquella pregunta que usted me formuló. Fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado", afirmó.

Las alertas de la PDI

En representación de la PDI tomó la palabra el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto general Ricardo Gatica, quien aseguró que la institución fue una de las primeras en denunciar el hecho.

“La experiencia que tenemos nosotros en el control migratorio nos hizo levantar alarmas del fenómeno del ingreso masivo y en su momento hicimos las alertas. En abril y octubre de 2024 hicimos incluso denuncias a la Fiscalía para establecer si dentro de este fenómeno que estaba pasando y que detectamos que era extraño, existía algún tipo de delito. Esas investigaciones permanecen en curso”, sostuvo en la comisión.

Respecto a los controles migratorios en el aeropuerto, el prefecto aseguró que “ningún funcionario de la PDI puede permitir el ingreso o egreso del país si no se cumplen con los requisitos y documentación exigida para los casos que corresponden”.

En ese sentido, señaló que en el caso de los menores haitianos, “la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron y que estamos tratando, cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen relación con estos permisos de residencia temporal en el caso de la reunificación familiar, correctamente emitidos por la entidad competente, que es el Servicio Nacional de Migraciones”.

A su turno, el general Humberto Fernández de la DGAC, aclaró que si bien recibieron alertas sobre las aerolíneas que transportaban niños, precisó que la vinculación de su organismo con los vuelos en cuestión es netamente técnica y dirigida hacia cuestiones aeronáuticas. No revisan, indicó, antecedentes sobre los pasajeros que se movilizan en casa avión.

“Controlamos los aviones, las tripulaciones, pero no los pasajeros. Los pasajeros puntualmente son un listado que controlan las líneas aéreas. Las líneas aéreas tienen por obligación entregar estos listados a la PDI para los vuelos internacionales y a contar del 1 de enero de este año, con una modificación que se hizo al Código Aeronáutico, también tienen la obligación de entregar los listados de pasajeros de los vuelos comerciales que transitan dentro del territorio nacional", aclaró.

Los dardos de Sauerbaum

A primera hora de este miércoles, antes de concurrir al Senado, el director del Sernamig llegó hasta la Fiscalía Nacional, donde se reunió con Valencia y Campos. Según dijo, la cita tenía como fin aportar antecedentes.

Pese a que anteriormente Sauerbaum había evitado cuestionar acciones de las autoridades del gobierno anterior en lo relativo al ingreso de niños haitianos, esta jornada tomó una postura diferente y relevó el memorándum 1886 de 2024 que dictó su antecesor en el cargo para flexibilizar los requisitos para el ingreso de menores de edad provenientes de dicho país.

“Aquí hay múltiples denuncias que se han hecho desde 2023, denuncias parlamentarias, investigaciones. Pero a nosotros nos preocupa que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y haya perdido el control”, enfatizó.

Agregó, en el mismo sentido, que “hay un oficio enviado por la administración anterior, en mayo de 2024, donde se pide se rebajen los trámites y se facilite el ingreso de los niños dada la situación de violencia y la situación irregular que vivía Haití, y eso obviamente pudo haber traído como consecuencia el ingreso masivo de niños”.

De acuerdo con el detalle que entregó el exparlamentario más tarde, en la comisión de Seguridad del Senado, ese cambio de normativa permitió que se presentaran certificados de nacimiento sin legalización y sin trámite en el consulado de Haití.

En el marco de su exposición, además, hizo presente que en octubre pasado el gobierno de Gabriel Boric retiró al cónsul de Chile Puerto Príncipe, Rafael du Monceau, tras haberse recibido una serie de denuncias por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados.

Sauerbaum aprovechó la instancia, igualmente, para deslizar su crítica hacia la Defensoría de la Niñez, por no haber atendido gestiones para avanzar en mayor coordinación. “Durante el año pasado se trataron de conformar mesas de trabajo pero no fueron posibles porque no hubo real interés”, acotó.

Pese a esos dardos, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que a diferencia del trabajo que se hizo con ellos en función de niños palestinos, advirtió que por procesos sobre haitianos no recibieron antecedentes.

El profesional recalcó que la entidad que dirige seguirá atenta el curso de las indagaciones para presentar acciones cuando corresponda.

Agencias de viaje en la mira

Si bien la urgencia está puesta en dar con el paradero de los niños que no han sido ubicados, las pesquisas también buscan establecer el rol que jugaron en este caso las agencias de viajes que muchas familias contactaron para lograr traer a esos menores de edad al país.

Si bien hay casos en que padres reunieron dinero durante meses para costear los traslados, tras conseguir la documentación necesaria para la visa de reunificación familiar, también hay sospechas de que terceros pudieran haber estado movilizando niños sin autorización, sin documentación y con fines únicamente lucrativos. Por lo mismo, será materia de investigación.

Ciarana Servicios Integrales es una de las cinco empresas que están en el radar de los investigadores. Es una firma que registra operaciones en Chile y que es representada por el ciudadano haitiano Jameson Charles, quien, de acuerdo con notas de prensa, está vinculado a una investigación en Haití por tráfico de migrantes.

Otra de las agencias que articulaba los vuelos chárter a Chile, según ha recabado este medio, es Inversiones Travel VIP Ltda., representada en territorio nacional por Roshimberg Coral Yauri, de nacionalidad peruana. Asimismo, aparece como empresa operadora Charha Travel e Inversiones SPA, representada por Nadia Boncoeur, de nacionalidad haitiana. Una cuarta agencia que organizaba vuelos charter es Big Master Producciones SPA, representada por Claudy Pierre-Louis, y que se constituyó en Chile en marzo de 2021.

La quinta agencia observada por quienes conocen del proceso es Perrín Brothers, que mantiene un operador dominicano como representante. Fue una de las agencias que en 2025 fue reportada por el Sernac al Ministerio Público por presuntas estafas.