Once allanamientos en diferentes comunas de la Región Metropolitana, tres imputados detenidos y un coronel de Carabineros llamado a retiro. Esos son parte de los hitos de la indagación por el robo de 18 armas y evidencia de distintas causas desde dependencias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en Ñuñoa.

Los hechos quedaron al descubierto la mañana del sábado 13 de septiembre y desde un inicio se calificaron como de la mayor gravedad. Por disposición del la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, las diligencias quedaron en manos del OS-9 de la misma policía uniformada, y aunque aún no se logra aprehender a la totalidad de los implicados, según confirmó el general director Marcelo Araya, se ha insistido en que se está haciendo todo lo necesario para concretar aquello y recuperar los elementos sustraídos.

“Seguimos trabajando con la finalidad de buscar al resto de la banda. Eso ha significado a lo menos 11 allanamientos en la Región Metropolitana, con la finalidad de seguir aportando el máximo de pruebas y, por sobre todo, esperando la recuperación de las especies, particularmente las armas de fuego”, indicó la tarde del martes el jefe de la institución policial.

Si bien desde la máxima autoridad de Carabineros hacia abajo se condenó lo ocurrido y existe consenso en que los responsables debían asumir sus sanciones -tanto los involucrados en el robo propiamente tal como quienes hubieren incurrido en falencias administrativas-, en las filas de Labocar había resistencia a que se zanjaran bajas o llamados a retiro antes de que culminaran las indagaciones internas que se habían dispuesto.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, había sectores de la policía uniformada que consideraban que establecer castigos a solo horas de lo ocurrido no era lo mejor, y que primero había que ejecutar ciertas pesquisas.

Sin embargo, como ha quedado en evidencia los últimos meses, el estilo del ministro de Seguridad, Luis Cordero, jefe civil de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), es otro. Para él, de acuerdo con quienes conocen de cerca sus labores, cuando hay hechos de tal gravedad se requiere aplicar determinaciones que sirvan de señal tanto internamente como para el resto de la comunidad.

Bajo esa premisa es que, tras diversos contactos con el general Araya -con quien el ministro suele conversar a diario y en momentos complejos más de una vez al día-, Cordero le insistió en que se debían hacer valer las responsabilidades de mando.

Fue así como a primera hora del lunes 15 de septiembre Carabineros, por medio de un comunicado, informó sobre las primeras disposiciones administrativas. “El mando de la institución ha llamado a retiro al coronel Roberto Saravia, jefe de la citada repartición (Labocar), por su responsabilidad de mando en los hechos”, se leía en el escrito.

Según quienes conocieron de los contactos entre el secretario de Estado y el general director, se remarcó el hecho de que, dado que Carabineros es una institución jerarquizada, las responsabilidades del mando son importantes como señal interna y confianza externa. Así, pese a que las indagaciones administrativas continúan, se llegó a la conclusión de que Saravia debía dar un paso al costado.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, habría sido el coronel Saravia quien en primera instancia entregó información errónea al general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, quien la jornada del sábado comunicó que no había armas sustraídas.

Y si bien hay quienes han sostenido que el general Velasco podría ser otro de los uniformados que saldrían de sus labores por lo ocurrido, fuentes consultadas por este medio señalan que, al menos con la información que se tiene hasta la fecha, eso no sería prudente.

Como mencionaron los mismos personeros, el general cuenta con una “muy buena evaluación” en cuanto al combate del crimen organizado, por lo que por ahora se descarta su salida.

Esa misma buena evaluación, dicen fuentes de Carabineros, es la que tenía Saravia, y de ahí la resistencia inicial a su salida. Según fuentes consultadas, en el Alto Mando de Carabineros existía una muy buena impresión y evaluación del trabajo que desarrollaba el coronel. Su cargo, agregaron los mismos personeros, es estratégico y contaba con una alta preparación en el área, lo que también se ponderó.

Más allá de las responsabilidades administrativas, el viernes 19 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar la apelación del Ministerio Público respecto de las medidas cautelares de los tres detenidos por el robo, dado que durante la audiencia de formalización se rechazó su prisión preventiva.

Los imputados fueron identificados como Bryan Ramírez Villalobos, Luis Lobos Landáez y Christopher Segovia Vega, y si bien el fiscal Marcelo Leiva imputó cargos por robo en lugar no habitado y tenencia ilegal de armas, el tribunal solo dio por acreditado el primer ilícito.