Los chilenos identificamos fácilmente la expresión “¡Plop!” con aquellas situaciones en las que la irrupción de lo inverosímil nos deja sin palabras, suspendidos entre la sorpresa y la incredulidad. Es el gesto reactivo ante lo absurdo, lo inesperado o lo simplemente impresentable; una mezcla de asombro y desconcierto que, más que risa, provoca un silencio atónito.

Setenta y seis años después de su creación, ese “¡Plop!” dejó de ser el remate de una viñeta entrañable para convertirse en diagnóstico cívico: desprolijidad, falta de gestión y errores encadenados que tienen a la ciudadanía en un permanente estupor. Un gobierno que se equivoca, se enreda, explica peor y corrige a destiempo.

Solo en la última semana se acumularon tres episodios:

Primero, hubo un sobrecobro en las cuentas de la luz por un error de cálculo. Lo que ya era grave escaló cuando el biministro sugirió la existencia de cobros adicionales y apuntó a Transelec, quien sostuvo haber advertido al Estado a fines de 2024 y pedido corregir y devolver. Las alertas, en las instituciones pertinentes, existieron, pero el Ejecutivo no transparentó a tiempo y, cuando todo estalló, improvisó un relato cambiante: primero culpar metodologías heredadas; luego, responsabilizar a privados; al final, prometer restituciones. Entre idas y venidas, el mensaje es uno: falta de rigor, gestión reactiva, comunicación confusa y tardía. Por supuesto, cada error, cada omisión y cada excusa, se paga. Primero, acotadamente, en la cuenta del ciudadano; después, y muchísimo más caro, en confianza y expectativas frustradas.

En Coyhaique, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), llegó cerca de diez minutos tarde a la audiencia por el recurso de amparo que buscaba revertir la libertad condicional del agresor de Nabila Rifo. Su retraso le impidió ingresar a la sala de alegatos, aunque el abogado del servicio sí estuvo presente. El hecho, ocurrido en una causa de alta sensibilidad donde el SernamEG actuaba como recurrente en defensa de la víctima de violencia intrafamiliar, deja una sensación de desconcierto y de un inquietante descuido institucional.

Por último, el miércoles 22 de octubre, la ausencia de examinadores del Simce de octavo básico en distintos establecimientos, volvió a poner en evidencia un nuevo fallo de gestión y coordinación. En más de 200 colegios de la Región Metropolitana, los aplicadores fueron insuficientes, llegaron tarde o simplemente no aparecieron. El Mineduc responsabilizó al proveedor del servicio, asegurando que pese a lo ocurrido se alcanzó un cumplimiento superior al 90%. Sin embargo, más de 7.000 estudiantes no pudieron rendir la prueba. Una evaluación pensada para medir aprendizajes de los niños terminó evaluando la capacidad logística y la eficiencia del Estado. Y en esa prueba, otra vez, se reprobó.

El asunto no es baladí ni puede minimizarse. La gestión también es política, y la democracia se sostiene en estándares que vuelven verificable la confianza. Cuando estos se degradan —si la responsabilidad se diluye, los plazos se incumplen y lo esencial se posterga—, lo que se erosiona no es solo la eficiencia del Estado, sino el vínculo de credibilidad que mantiene al sistema en pie.

Por María José Naudon, abogada