Cordero plantea que resolución de Contraloría sobre Miguel Crispi fijará un “precedente” y tendrá “consecuencias futuras”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este lunes a la polémica en torno a la negativa del jefe de los asesores de La Moneda, Miguel Crispi, a presentarse ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones sin fines de lucro.

Ayer lunes, el contralor Jorge Bermúdez aseguró ante los diputados de la comisión que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas” y que oficiará a La Moneda para que Crispi explique por qué cree que está eximido del control de la Cámara Baja.

“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar, es decir dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones; eso, independiente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”, señaló el contralor ese día.

El argumento del gobierno, el cual ha salido a explicar el ministro Cordero, se basa en que Crispi está sujeto a modalidad de honorario y no contrata, lo cual, en la práctica, no lo hace funcionario público. Además, el secretario de Estado ha defendido que debido a la naturaleza del cargo de los trabajadores de Presidencia, estarían exceptuados de asistir a comparecer ante el Congreso.

“La discusión sobre este punto lo excede a Miguel Crispi y tiene que ver con que el precedente que se fije acá tiene consecuencias futuras en la Presidencia de la república, para ésta o para cualquier otra”, aseguró el ministro de Justicia.

En esa línea, Cordero llamó a desdramatizar el criterio que fije el organismo que dirige Bermúdez, asegurando que deberán acatar sea cual sea la resolución.

“Es conveniente desdramatizar esto, el sistema institucional chileno tiene un organismo a cargo de definir el criterio de interpretación de una ley, que es la Contraloría, para eso se debe emitir un dictamen, el contralor ha señalado que se va a requerir un informe y todos nos tendremos que sujetar a los criterios que dicte el contralor”, remarcó.

Pero puntualizó: “Nosotros creemos que tenemos que distinguir si hay obligación de comparecencia o no, y si hay obligación de comparecencia, respecto de qué asuntos en el caso de asesor de una presidencia está obligado por ley a prestar testimonios, y en qué casos por razones de lo que se discute en la Presidencia no está obligado a prestar declaraciones”.