La mitad de los chilenos (50%) evalúa positivamente el Plan Operativo de Seguridad del ministro Martín Arrau. En cuanto a la rapidez de sus resultados, un 70% estima que se verán a mediano y largo plazo. Estos son algunos de los resultados del Termómetro Político de la encuesta Descifra –una alianza estratégica entre Copesa y Artool–, cuya última edición se enfocó en la preparación del flamante secretario de Estado y la percepción de la ciudadanía respecto a la hoja de ruta de la cartera que preside.

El principal cuestionamiento que ha recibido Martín Arrau en su llegada al ministerio de Seguridad Pública es su falta de experiencia en el área. Sobre este punto, Descifra recabó que el 51% de los encuestados cree que sí cuenta con “las competencias necesarias para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, mientras que uno de cada tres (39%) sostuvo que no las posee, y un 10% no supo responder o no lo hizo.

En cuanto al Plan Operativo de Seguridad presentado esta semana –que consiste en 65 medidas organizadas bajo tres ejes: prevención, recuperación de control territorial y fortalecimiento institucional–, el sondeo reveló que la mitad lo evalúa de forma positiva (50%) y un cuarto de forma negativa (26%), mientras que un 24% afirma que lo desconoce.

Según Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, el cambio de ministro interrumpe “la dinámica de evaluación que traía el eje seguridad” del gobierno. Esto se observa en que “Arrau parte con un nivel aceptable de valoración en ‘competencias’ para el cargo y en la evaluación del plan”, añade. Este quiebre, dice, permite al gobierno retomar “el control de la agenda” y le entrega “una segunda oportunidad”.

Por otro lado, de los siete ejes principales del plan, se le solicitó a los encuestados elegir los tres que consideran prioritarios. De esta manera, el 51% señaló como prioridad el eje “control de calles y barrios”, consistente en la implementación de patrullaje focalizado y televigilancia en 50 sectores. En un cercano segundo y tercer lugar, el eje de “protección de fronteras y rutas críticas” obtuvo un 50% de las preferencias, al igual que “combate al crimen organizado” (50%). Según Feres, la “evaluación futura presumiblemente estará fuertemente influida por la percepción de avance que se logre” en los ejes principales.

Con un 47%, el cuarto eje prioritario para la ciudadanía es “restituir la legitimidad policial”, seguido del 39% de prioridad que obtuvo el “control del sistema carcelario” y el 23% de la “consolidación institucional”. En último lugar, el eje menos popular es el “fin del reclutamiento delictual”, que busca coartar la captación criminal de menores, y registró un 16% de las preferencias.

Otro de los aspectos que abordó la encuesta es cuándo se podrán ver resultados. El mediano plazo fue la opción más popular en este ítem, con un 41% de las preferencias. En segundo lugar, un tercio espera que los logros se reflejen a largo plazo (29%). Y, los que piensan ver resultados en un corto plazo son la minoría (4%). Quienes creen que el plan no conseguirá resultado alguno conforman el 22%.

Según Feres, que los resultados se esperen a mediano y largo plazo representa una renovación en “la expectativa ciudadana para observar avances”. En esto, “la cara negativa es la resignación ciudadana a esperar avances en el corto plazo”, añade. Pero, como las expectativas se desplazaron a la distancia, agrega que es posible ver el margen como “un espacio de trabajo para el ministro: una mini luna de miel”.

Respecto a la solicitud de renuncia del ministro Arrau a los dos subsecretarios que dejó atrás su predecesora, un 79% está de acuerdo con la decisión bajo el argumento de que “tiene que trabajar con un equipo de su confianza”. Solo un 15% estima que la petición de renuncia fue la decisión equivocada, y que “debería darle continuidad al equipo del ministerio”.

Los retiros de beneficios

El anuncio de la creación de un Registro Único de Vándalos e Incivilidades –que contempla retirar beneficios sociales a quienes cometan delitos contra Carabineros, personal de salud o rayen las calles– fue uno de los puntos de la Cuenta Pública que generó más discusión. Según el sondeo, dos de cada tres personas (67%) está de acuerdo con la propuesta, en tanto que el tercio restante la desaprueba (31%).

Descifra consultó por los escenarios en que los beneficios sociales deberían ser removidos. Para tres de cuatro personas (74%) esto debería ocurrir cuando alguien sea declarado culpable de atentar contra Carabineros y personal de los servicios de salud; para un 71%, cuando exista tráfico de estupefacientes, y, para un 58%, en los casos de destrucción de equipamiento comunitario.

La mitad de la muestra (55%) opina que se debería quitar los beneficios a quienes dañen monumentos nacionales, seguido de un 52% que apunta a los rayados sin autorización. Finalmente, las tres alternativas menos populares para la sanción fueron el consumo de drogas en la vía pública (44%), la retención del transporte público (43%) y la venta ilegal de alcohol (38%).

Ficha técnica

Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país, que cuentan con acceso a internet y declaran conocer al ministro de Seguridad Pública Martín Arrau.

Instrumento: 7 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 3 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 3 al 4 de junio.

Diseño muestral: muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 971 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,1% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.