Gobierno presenta veto sustitutivo a proyecto de Infraestructura Crítica: “Había dudas respecto a la cadena de mando”

Fuerzas armadas en el marco del despliegue de militares a la región de la Araucanía tras entrar en vigencia estado de excepción, comuna de Talcahuano, Región del Biobío.
FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

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La medida -que por primera vez se adopta en esa administración- fue anunciada temprano por la ministra del Interior, Izkia Siches y luego detallada por el Presidente Gabriel Boric. Según el escrito, se "requiere de una autoridad que tenga mando sobre las Fuerzas que se dispongan para la protección de la infraestructura critica”.


La tarde de este miércoles, a través del Senado, el Presidente Gabriel Boric ingresó un veto sustitutivo -el primero de su administración- a la reforma constitucional recientemente despachada por el Congreso que faculta al Mandatario a disponer de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar la “infraestructura crítica” del país.

La medida, pensada como nueva herramienta para hacer frente a la violencia en La Araucanía y Biobío, facilita el despliegue militar para colaborar en tareas de orden público y seguridad interna, sin necesidad de un Estado de Excepción Constitucional, que restringe derechos y libertades.

La decisión del Ejecutivo de ingresar un veto sustitutivo fue comunicada en horas de la mañana por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien explicó -en Radio ADN- que “analizaron” el proyecto “con las ramas de las Fuerzas Armadas y hemos encontrado unos detalles que nos limitan en su implementación (...) Espero poder tener una discusión con los parlamentarios y parlamentarias para aprobar este veto y en ese caso evaluar el uso del instrumento”.

El veto va en la dirección de hacer una nueva propuesta de artículo único, respetando lo ya aprobado por el Congreso e introduciendo las mejoras que el gobierno busca subsanar.

Desde La Moneda ya habían anticipado, en días anteriores, que para implementar la reforma se requería ajustar y elaborar nuevos reglamentos. Uno de los temas a resolver era la cadena de mando, es decir, bajo la responsabilidad de qué autoridad debían quedar los uniformados. Otro de los puntos apuntaba a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), relativas a las instrucciones para el actuar de las tropas ante ataques u otras situaciones complejas, como protestas.

Minutos después de las palabras de la jefa de gabinete, fue el propio Presidente Gabriel Boric quien abordó el anuncio y entregó detalles de las razones que llevaron al gobierno a impulsar el veto sustitutivo.

“Ya se ingresó el proyecto de veto sustitutivo (...) hay una discusión respecto a los términos, no significa que se vete el proyecto, sino que al proyecto, tal cual fue aprobado, se le hacen algunas modificaciones para mejorarse”, comenzó diciendo el Mandatario.

“En particular habían unas dudas que conversamos con las Fuerza Armadas para la implementación, en caso de que sea necesario el proyecto, respecto a la cadena de mando. Y esas cosas es importante que queden claras para el establecimiento de las responsabilidades que correspondan en cuestiones tan sensibles como esa. Así que se entienda bien lo que se está haciendo: se está mejorando un aspecto específico del proyecto. Espero que contemos con la buena voluntad del Parlamento para aquello”, añadió el jefe de Estado.

En ese sentido, Boric precisó que la modificación “tiene que ver principalmente con el establecimiento más claro de la cadena de mando, esa es la principal modificación que se hace. Lo revisamos con la División Jurídica el día de ayer (martes), lo conversamos con los fiscales de las FF.AA., entonces esto es algo que está trabajado en conjunto, porque cuando trabajamos en conjunto con las FF.AA. es importante que acá hayan instancias de colaboración previa y eso fue justamente lo que realizamos”.

Posteriormente, la ministra Siches volvió a entregar detalles del veto y afirmó que estará enfocado en mejorar cuatro aspectos que, a juicio del gobierno y algunos parlamentarios, no quedaron del todo claro cuando se despachó la reforma.

“Primero en la necesidad de un mando frente a este proyecto para materializar lo que conocemos como el Jefe de la Defensa Nacional; el segundo el poder definir las atribuciones vía reglamento; el tercero que tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza por decreto; y el último es dejar un poco más explícito que la prórroga cada 60 días puede ser sucesiva; obviamente siempre el Presidente dando cuenta frente al Parlamento de su evaluación y solicitando su extensión”, explicó Siches.

Además, alertó de la necesidad de que se avance en el veto, ya que en caso de no aprobarse se debería solicitar una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que actualmente rige en la Macrozona Sur, lo cual coincidiría con la semana distrital, que es cuando los diputados no tienen sesiones de sala por trabajar en sus territorios.

“Hemos solicitado considerar estas precisiones por parte del Parlamento. En caso de ser acogida vamos a evaluar el uso de este instrumento, de no ser así tendríamos que evaluar una nueva extensión de un Estado de Excepción Constitucional que en este caso lamentablemente debería caer en semana distrital”, afirmó.

“Autoridad que tenga mando sobre las Fuerzas”

Sobre el rol de las FF.AA., el gobierno explicó en el veto ingresado que “la protección de la infraestructura critica, por parte de las Fuerzas Armadas como nueva competencia para el Presidente de la República implica una función novedosa que requiere de una autoridad que tenga mando sobre las Fuerzas que se dispongan para la protección de la infraestructura critica”.

“Se ha optado por incluir un Jefe de la Defensa Nacional por resultar una figura conocida para las Fuerzas Armadas. Esta permitirá, sin mayor dilación, hacer operativa la herramienta y establecer una coordinación adecuada con las autoridades civiles, con las unidades de las Fuerzas Armadas que se destinen al efecto y con las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública”, agregaron.

En ese sentido, desde el gobierno se explicó que “en cualquier caso, se reconoce la especialidad de esta atribución frente a la de decretar un estado de excepción constitucional, razón por la cual se establece la determinación de sus atribuciones y deberes mediante un decreto supremo que deberá ajustarse a lo dispuesto en la ley y el respectivo reglamento”.

Además, desde el Ejecutivo dejaron claro que “se establece que la actuación de las Fuerzas Armadas en el contexto de la protección a la infraestructura critica deberá adecuarse las reglas de uso de la fuerza previstas en leyes y en tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren actualmente vigentes”.

En tanto, en la propuesta de nuevo articulado, el gobierno expuso que: “En ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en esta Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, debiendo ajustarse el uso de la fuerza a los principios y reglas contenidos en dichas normas. Las Fuerzas Armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura critica en coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

Tramitación compleja

El paso del proyecto de Infraestructura Crítica por el Congreso no fue fácil. Anunciado a finales de 2019 por el gobierno del entonces Presidente, Sebastián Piñera, la iniciativa no había contado con el respaldo necesario en el Parlamento para avanzar en su tramitación.

Es así como luego de una serie de conversaciones y reveces legislativos, finalmente prosperó el proyecto presentado en 2019 por los senadores de Chile Vamos, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena. Pero tampoco se logró consenso por lo cual la reforma constitucional se fue a una Comisión Mixta.

Es así como ante la falta de acuerdos y otras prioridades legislativas, la iniciativa quedó “durmiendo” en el Congreso. Eso hasta mayo de este año, cuando el gobierno de Gabriel Boric decidió avanzar en una iniciativa que denominó de “Estado Intermedio” que buscaba ocupar a las FF.AA. para proteger las rutas del país -sin decretar Estado de Excepción- en especial las de la Macrozona Sur debido al aumento de hechos de violencia que se habían registrado en la zona.

Fue así que, en primera instancia, la discusión resurgió a raíz de la petición del Ejecutivo, pero luego de fallidas negociaciones con el oficialismo, el Ejecutivo optó por desechar el camino de la Mixta y prefirió decretar un Estado de Excepción en la Macrozona Sur, al que llamó “acotado”.

Sin embargo, pese a la decisión de La Moneda, el proyecto no quedó en pausa, ya que los parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta decidieron seguir discutiéndolo y lograron llegar a un acuerdo para emanar un informe final.

Si bien en el Senado la iniciativa fue visada con amplio respaldo, en la Cámara de Diputados la iniciativa no contó con un apoyo mayoritario de las bancadas de gobierno, esto ya que entre quienes votaron en contra hubo legisladores de la bancada del Partido Comunista, Partido Humanista y Partido Ecologista Verde Social y del Frente Amplio; mientras que en las abstenciones también se registraron votos de diputados de Apruebo Dignidad y de miembros del Partido Republicano.

De hecho solo dos integrantes de Apruebo Dignidad, coalición que sustenta a Boric, votaron a favor de la iniciativa.

El gobierno, durante la tramitación de la iniciativa se había abierto a ocupar esta herramienta si era despachada. “Desde el Ejecutivo nosotros hoy venimos a manifestar que esta atribución adicional al poder Ejecutivo, nosotros, en caso de ser aprobada, la tomamos con el peso de la responsabilidad que implica una definición como ésta”, sostuvo en su minuto el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

Y agregó que “queríamos dar la garantía de que cuenten con que el gobierno la tendrá en plena consideración dentro de las herramientas a utilizar para resguardar la seguridad tanto de la infraestructura crítica, y por ende, de manera indirecta, pero sustantiva, al bienestar y seguridad de la población”.

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