A contar de las 16.30, la Cámara de Diputados comenzará a sesionar para zanjar dos importantes proyectos: la multa por no concurrir a la urnas y la histórica reforma que restringe el voto extranjero.

La sanción monetaria requiere de 77 respaldos en la sala, mientras que el cambio a la Constitución -que eleva a 10 años de residencia definitiva el requisito para que los extranjeros puedan votar- necesita 87 votos de los 152 diputados habilitados.

Pese a los ruidos y conflictos que se dieron en la tramitación, lo trascendental es que ambas iniciativas ya tienen el respaldo suficiente para ser aprobadas, luego de un acuerdo alcanzado por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, con la oposición. Este entendimiento ya fue refrendado casi por la unanimidad del Senado.

Hasta ayer estaban firmes los votos de todos los diputados de oposición (UDI, RN, republicanos, libertarios, socialcristianos, Evópoli y Demócratas) y de gran parte de la DC y el PS.

Además, a esa base se sumará la mayoría de los diputados del Frente Amplio, que a pesar de que algunos de ellos tenían dudas, se plegarán al llamado del Presidente Gabriel Boric a respaldar el acuerdo.

Los diputados PC, en tanto, no habían fijado una posición, pero probablemente actuarán en línea con el voto favorable que ya dieron los senadores comunistas.

Si bien aún quedan algunos legisladores que no se han alineado, debido a su discrepancia con la sanción por no votar -como Daniel Manouchehri (PS), Gonzalo Winter (FA) y toda la bancada del PPD Independientes-, estos desmarques no pondrían en jaque el despacho a ley de estos proyectos.

Días atrás, el diputado Leonardo Soto (PS) reconoció a este medio que “la inmensa mayoría de la bancada va a apoyar con mucha fuerza y determinación el acuerdo al que se arribó en el Senado”.

El jefe de la bancada socialista, Juan Santana, ratificó esa postura. “Vamos a ser responsables con el acuerdo que construyó el Ejecutivo”, dijo.

Para que la bancada del PS terminara con su rebelión, fue clave un gesto del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

Tras semanas de ausencia, el jefe de gabinete reapareció en el Congreso el 17 de este mes, para tratar de persuadir a los diputados socialistas, quienes junto a otros legisladores se habían alzado especialmente en contra del proyecto que fijaba la multa.

Otra bancada que tenía distancia con la iniciativa era la del Frente Amplio. El diputado Winter, particularmente, era el más crítico, ya que él siempre ha sido partidario del voto voluntario. No obstante, para este lunes existe la posibilidad de que no pueda estar presente debido a un tratamiento médico.

En el Frente Amplio cuestionaban, además, la cuantía de la multa, que quedó en un rango de los $ 34 mil a los $ 106 mil.

Sin embargo, consultada la subjefa de la bancada, Lorena Fries (FA), sostuvo que “se ha logrado un acuerdo y, en principio, vamos a aprobar el acuerdo”. “No va a haber problemas con el Frente Amplio el día lunes”, insistió.

La diputada Javiera Morales (FA) valoró que se haya llegado a un acuerdo para establecer una multa “razonable, no como la que proponía la derecha” y elevar los requisitos del sufragio para extranjeros, que, a su juicio, también “requiere cierta estadía en el país de un tiempo razonable con regularidad”. “En esta discusión ha habido cálculo político, cálculo electoral, tanto en la derecha como en la izquierda. Pero algunos siempre hemos estado de acuerdo con el voto obligatorio para fortalecer nuestra democracia... Voy a votar a favor”, dijo.

La postura final del frenteamplismo, no obstante, se terminaría de zanjar este domingo, a partir de las 21 horas, durante una reunión online de los integrantes de la bancada frenteamplista.

El ánimo en general, señalaron parlamentarios del FA que pidieron reserva de sus identidades, era a favor de aprobar el proyecto. “La decisión estaba muy avanzada. Para la mayoría resultaba insostenible tener voto obligatorio sin multa”, indicaron parlamentarios del FA. “Para nosotros lo que más nos preocupa es que el monto de la multa sea el más bajo posible, ojalá el tope sea de 0,5 UTM (alrededor de $ 35.000)”, añadieron.

Este punto, sin embargo, no es menor. La discusión sobre el monto de la multa podría terminar convirtiéndose en un obstáculo que podría complicar en su conjunto el acuerdo alcanzado en el Senado entre el gobierno y la oposición.

En ese sentido, el jefe de esta bancada, Jaime Sáez (FA), dijo que su grupo parlamentario “está analizando el acuerdo que emanó del Senado... Es un acuerdo que tiene que ser refrendado y habrá que conversarlo”.

Máxima disciplina opositora

En la votación en el primer trámite, la oposición sufrió un revés por las ausencias de Chiara Barchiesi (republicana), de Jorge Durán (RN), de Érika Olivera (Demócratas) y de los libertarios Cristóbal Urruticoechea y Gonzalo de la Carrera. Si ellos hubieran estado presentes en la sesión del 2 de septiembre, la derecha se habría anotado un triunfo y la multa ya sería ley.

Para evitar una nueva derrota, en esta oportunidad el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), ha asumido como tarea personal conseguir que todos los representantes del sector estén presentes en esta jornada decisiva.

A las fuerzas opositoras, además, se le añadirían al menos cinco diputados de la bancada Democracia Cristiana-independientes, que están por reponer la multa: Héctor Barría (DC), quien es el jefe de este comité; los vicepresidentes de la Cámara Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (Ind.), Alberto Undurraga (DC) y Karen Medina (Ind.).

Además, Pamela Jiles (PDG) también podría votar a favor.

El tortuoso recorrido

El camino, sin embargo, no fue fácil. La razón principal es que en el oficialismo temían que la multa obligara a que quien acudiera a las urnas, fuese un votante disgustado, que podría favorecer a los republicanos y al PDG. Por el contrario, al oficialismo y a su candidata presidencial, Jeannette Jara (PC), les iba mejor en mediciones con voto voluntario.

Además, los legisladores de la alianza gubernamental no estaban convencidos con el contenido del proyecto de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que establecía originalmente una sanción de hasta $ 206 mil.

Tras el rechazo a la multa que proponía la iniciativa, la derecha, en represalia, adoptó un bloqueo legislativo durante una semana, lo que dejó en una incómoda posición a la ministra Macarena Lobos.

Para frenar la escalada, el Ejecutivo se comprometió a reponer la multa que fue aprobada en la Comisión de Gobierno del Senado por un voto en contra y cuatro a favor, uno de ellos, de Paulina Vodanovic (PS), quien fue clave para darle un respiro a Lobos. A pesar de su reticencia inicial, Vodanovic, quien como presidenta de la comisión tenía facultades para congelar o apurar la iniciativa, se convenció de despacharla en un día.

El voto en contra fue del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien hizo eco de los reparos que seguían teniendo sus diputados contra la iniciativa. Pese a ello, el texto fue despachado a la sala.

Paralelamente, el Ejecutivo ingresó la reforma para restringir el voto de los extranjeros, que inmediatamente comenzó a ser discutida por la Comisión de Constitución, que preside la senadora Paulina Núñez (RN).

Reformar el derecho a sufragio para los migrantes era para el gobierno un tema importante para destrabar el acuerdo. Si bien ese cambio no operará en los comicios de este año, para el oficialismo era clave reducir a futuro la incidencia electoral de la mayoritaria comunidad venezolana. Para el Ejecutivo, sin embargo, había un argumento de fondo, ya que el voto extranjero -una singularidad de la legislación chilena a nivel mundial-, se había transformado en una vulnerabilidad para la soberanía y la seguridad nacional.

Tras cerrar el acuerdo, ambos proyectos se visaron en la sala de la Cámara Alta con más de 40 votos a favor, incluyendo los apoyos del Partido Comunista -Claudia Pascual y Daniel Núñez- y del Frente Amplio, cuyo representante es Juan Ignacio Latorre.

En caso de que la Cámara apruebe la multa, esta finalmente se convertirá en ley y podrá aplicarse para los comicios de noviembre.

Respecto del voto extranjero, si es aprobada la reforma constitucional con 87 votos, también se despacharía a ley, que operaría solo en los comicios de 2028 y 2029.