Solo bastaron 24 horas para que la oposición volviera a invocar al Tribunal Constitucional y, con esto, intentar frenar el avance de la agenda legislativa del gobierno.

Esta vez, fue tras el anuncio del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de las indicaciones que ingresarían la próxima semana al proyecto, en segundo trámite constitucional en el Senado, para corregir el proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente.

“A nosotros nos parece que es una buena oportunidad para que el gobierno presente indicaciones para ciertas materias específicas relativas a la residencia, relativas al lugar donde los jóvenes mayores de 17 años y 6 meses deben cumplir una cierta condena establecida por tribunales de justicia por la comisión de delitos graves”, detalló el secretario de Estado tras la cuenta pública del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Posteriormente, fue el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien detalló que dentro del paquete de indicaciones que está preparando La Moneda, “se quitará en el caso de este catálogo de 17 delitos, la limitación de 5 años de condena a los menores de 14 y 15 años, diciendo que se usará el límite que tienen los adolescentes de 16 y 17 años”.

Si bien el proyecto se encuentra en el Senado, los anuncios de ambos secretarios de Estados activaron a la oposición -particularmente a los diputados- para recurrir, nuevamente, al TC.

La primera en advertir un supuesto vicio de constitucionalidad fue la diputada Lorena Fries (FA), quien aseguró que “no puede haber una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos en materia de responsabilidad penal”.

Y añadió: “Ese es un estándar de derechos de niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, cualquier cosa que tienda a borrar ese límite, como por ejemplo homologación de penas con los adultos, sería en principio una violación a derechos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto también una inconstitucionalidad a través del artículo 5 de la Constitución”.

A su turno, el jefe de la bancada de diputados del PS, Raúl Leiva, quien además de calificar de “inconstitucional” las enmiendas que presentará el Ejecutivo, afirmó que el contenido que ingresará “atenta contra las normas del debido proceso establecidas en nuestra Constitución, y también la Convención Internacional sobre derechos de niñas, niños y adolescentes”.

“Claramente, debe existir un juez natural y también un procedimiento que sancione el desarrollo de una investigación, y no puede aplicarse uno u otro, porque siempre van a subsistir en esa eventual solicitud o interpretación del tribunal que apruebe el juzgamiento a través de un procedimiento para adultos, la norma vigente establece que el interés superior del menor debe siempre prevalecer. Por eso, esta indicación es una norma que a mi juicio es absolutamente inconstitucional”, insistió Leiva.

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas (Ind.-PC) -que es integrante de la comisión de Seguridad, señaló que “bajar la edad de responsabilidad penal viene a resolver el tema del nivel de violencia y el nivel de actos delictuales que hoy día cometen estos jóvenes”.

Junto con ello, agregó: “Tenemos que tener la rigurosidad y la responsabilidad de analizar en su mérito, primero no quitándoles derechos garantizados constitucionalmente a los jóvenes, no empujándolos más a la marginalidad, no llevándolos a la escuela del crimen a través de las cárceles”.

Derrota de gobierno en el TC

La invocación del Tribunal Constitucional por parte de la oposición vuelve a revivir uno de los traspiés más sufridos por el gobierno, luego del despacho a ley del proyecto “Escuelas Protegidas”.

Desde el primer trámite, los diputados de oposición -Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC)- advirtieron que podrían recurrir al organismo por una serie de normas, pero esperaron al despacho final de la iniciativa.

Luego de esto, fueron hasta el TC para impugnar algunos artículos. Y triunfaron.

Uno de los golpes más duros para el gobierno es que el TC declaró contrario a la Constitución el artículo 6 del proyecto.

Esa norma es la que planteaba la inhabilidad para acceder a la gratuidad. Es decir, se creaba un nuevo requisito para acceder a dicho beneficio.

Otra de las normas declaradas contrarias a la Constitución tiene que ver con la revisión de mochilas. Si bien la revisión de esas pertenencias se podrá hacer, se caen algunas hipótesis, como, por ejemplo, cuando el alumno se niega.

Es decir, la revisión de mochilas y otros objetos logró pasar el test del TC, pero nunca podrá hacerse de manera forzosa.

Otra norma que también se declaró inconstitucional tiene que ver con la disposición que planteaba como una afectación grave a la convivencia escolar los actos estudiantiles que impiden la realización de clases y cuyo efecto es la paralización de esas labores docentes.

La misma suerte tuvo la norma que prohibía el uso de accesorios “o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, drogas o conductas delictuales u contrarias a la ley”.

También se cayó, y por lo tanto se declaró contrario a la Constitución, la norma que permitía dejar fuera de los procesos de admisión a alumnos que previamente habían sido expulsados o sus matrículas canceladas de otros establecimientos educacionales.