Pleno de la Convención rechaza en general todo lo relativo al derecho de propiedad que definió la Comisión

Esto significa que todos los artículos ahora deberán volver a la Comisión de Derechos Fundamentales para que les hagan modificaciones. Los rechazos vinieron tanto desde sectores de izquierda como de derecha, en muchos casos porque argumentaron que se podía mejorar la redacción y, en otros, por temas más de fondo. Además también se rechazó en general la norma sobre libertad de emprender y desarrollar actividades económicas.


Este jueves se votó en general el primer informe que despachó la Comisión de Derechos Fundamentales al pleno de la Convención Constitucional. Uno de los temas clave que contiene dicho informe de 292 páginas es el relativo al derecho de propiedad, materia que había generado discrepancias entre constitucionalistas y convencionales, y donde persisten importantes dudas en el mundo empresarial.

Pero finalmente los cinco artículos referidos a esta materia fueron rechazados por el pleno. Ello significa que ahora deberán volver a la Comisión para que se les efectúen modificaciones.

Y los rechazos vinieron tanto desde la derecha como desde la izquierda, ya que en el debate desde ambos bandos señalaron que había que hacer mejoras a la redacción del derecho de propiedad.

Así por ejemplo, el convencional Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente), señaló durante el debate que “reconocer la función ecológica de la propiedad es un avance para la conservación de los ecosistemas y de la naturaleza, pero mencionar que varios convencionales han mencionado que el artículo es poco claro y que debiera devolverse a la Comisión y mejorar en su redacción”.

El convencional César Valenzuela (PS), coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, comentó: “El principal obstáculo que tiene esta Comisión es el factor tiempo, y sabemos que muchas de las normas que fueron presentadas hoy en el pleno necesitan mejoras, aspectos gramaticales, de redacción; que la rigidez del reglamento muchas veces no permite poder efectuar esto una vez que se han efectuado las votaciones particulares”.

Así, agregó que “hemos llegado a la conclusión que el rechazo de una norma en general permite a la coordinación y a la Comisión, muchísima más flexibilidad y plazo a objeto de poder programar esas mejoras”.

La convencional Janis Meneses (Movimientos Sociales), también coordinadora de dicha instancia, detalló que, entre lo que se rechazó este jueves, derecho de propiedad es uno de los temas importantes a hacer mejoras, y dijo que en particular, en lo referente a pueblos indígenas, “había un acuerdo previo de que tenía que devolverse, había una visión de que esa norma tenía que mejorarse”.

También agregó que van a mejorar las normas que fueron rechazadas “y presentar un trabajo a la altura de nuestra responsabilidad y que generen consenso suficiente. Esto sucedió respecto de algunas normas, entre ellas derecho de propiedad, donde ha quedado de manifiesto el acuerdo transversal de poder mejorar la norma, por lo cual se ha devuelto a la Comisión”.

Detalle de las normas

En concreto, el pleno rechazó con 98 votos en contra, 11 abstenciones y 42 votos favorables, el artículo 18, el primero sobre derecho de propiedad, donde se señalaba que “la Constitución asegura a todas las personas naturales y jurídicas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, exceptuándose los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables”.

También se rechazó el artículo 19, el segundo sobre este tema, donde se hablaba de la protección de la propiedad intelectual e industrial, por 114 votos en contra, 21 abstenciones y 18 a favor.

El artículo 20, sobre expropiación, se rechazó por 129 votos en contra, 5 abstenciones y 19 a favor. Este era uno de los temas más polémicos, pues ahí se señalaba que “nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. La ley determinará también el justo monto del pago, su forma y oportunidad; y deberá considerar tanto el interés público como el del titular”.

También añadía que “el pago tendrá lugar de forma previa al acto de toma de posesión material del bien expropiado, salvo acuerdo en contrario. La persona propietaria podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio y del monto ante los tribunales que determine la ley”.

Para el constituyente de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, del resultado de este jueves hay dos conclusiones. En primer lugar, “la Convención no necesita más plazo, necesita hacer bien la pega. De nuevo se rechaza la enorme mayoría de las normas. Meses de trabajo perdido”, puntualizó.

Bernardo Fontaine

En segundo lugar, Fontaine dijo que “es fundamental que el mundo Boric vuelva con una nueva norma que garantice al expropiado que se le indemnizará en forma plena, que se le pagará el valor de lo expropiado. Si no lo hacen, querrá decir que pretenden expropiar sin pagar lo debido. Ojo el Partido Comunista, partido que gobierna, anunció la estatización de la minería y actividades económicas estratégicas y comisiones han aprobado muchas más expropiaciones”.

Por otro lado, también se rechazó en general el artículo 21, sobre derecho de propiedad de los pueblos y naciones indígenas, pues obtuvo 56 votos a favor, 73 en contra y 25 abstenciones.

Este señalaba, entre otras cosas, que “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y bienes comunes naturales y espacios sagrados que actual o tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado, que constituyen la base espiritual y material de su identidad individual y colectiva, la condición para la reproducción de su cultura, desarrollo y plan de vida, y la garantía del derecho colectivo a su continuidad histórica”.

Otro rechazo en general se registró en el artículo 22, sobre el despojo, desposesión y restitución territorial de los Pueblos y Naciones Indígenas. Ahí se obtuvieron 53 votos a favor, 78 en contra y 20 abstenciones.

Este artículo señalaba, entre otras cosas, que “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la recuperación, restitución, reconstitución y reclamación de las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado, ya sea que se encuentren en manos de terceros o particulares o el fisco”.

El presidente de la Confederación de Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó al respecto: “Me parece mal que se rechace el concepto de derecho de propiedad y derecho al emprendimiento, y espero que la Comisión vuelva a redactarlo de mejor forma para poder ser aprobado, porque el derecho de propiedad es el pilar fundamental, es la base fundamental para que los países puedan progresar y desarrollarse. Los países que tienen un derecho de propiedad débil no progresan”.

Sobre este resultado, la convencional Rocío Cantuarias (Chile Libre) aseguró: “Es una manifestación de la desprolijidad que existe en la Convención, pero especialmente en nuestra Comisión. Una vergüenza perder el tiempo en normas mal hechas y gastar plata de todos los chilenos para que la tramitación se alargue, porque no son capaces de hacerlo bien a la primera. ¡Hubo tres normas que alcanzaron cuatro votos!”.

Más allá del derecho de propiedad

En el informe que se votó este jueves en el pleno de la Convención, también se rechazaron en general otros dos temas de implicancia económica que deberán volver a la Comisión para su revisión. Un de ellos es el artículo 4, sobre el financiamiento de los derechos fundamentales, que obtuvo 101 votos a favor, 33 en contra y 17 abstenciones.

Este indicaba que “el financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. El Estado y sus órganos garantizan que el presupuesto público destinará el máximo de recursos disponibles para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales”.

Asimismo, se rechazó el artículo 14, sobre la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, pues obtuvo 42 votos a favor, 95 en contra y 14 abstenciones.

Allí se señalaba que “la Constitución asegura a todas las personas naturales y jurídicas la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución, la protección de la naturaleza y con el interés general”.

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