Esta jornada la comisión de Educación de la Cámara de Diputados continuó la tramitación del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual considera la creación de dos mecanismos complementarios de admisión: Elección Mutua (EM) y Asignación Aleatoria (AA).

Allí, los parlamentarios recibieron distintos gremios y organizaciones para que diera a conocer a la comisión sus observaciones e inquitudes frente al proyecto.

En la instancia también estuvo presente la ministra de Educación, María Paz Arzola.

En el caso de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), su presidenta María Beatriz Fuenzalida, advirtió a la comisión que el proyecto presenta a juicio y análisis de la agrupación “varios vicios de constitucionalidad”.

Así, detallaron desde el gremio, el proyecto de ley “tiene iguales o más graves vulneraciones a derechos fundamentales que el proyecto de Escuelas Protegidas, al menos desde un punto de vista constitucional”.

A grandes rasgos, señalaron, no existe en el derecho internacional de los derechos humanos -en los tratados al menos ratificados por Chile- un derecho de las escuelas a elegir, y tampoco está refrendado en la jurisprudencia vigente del Tribunal Constitucional.

En este punto, desde ANDIME recordaron el Protocolo de San Salvador, el cual fue ratificado por Chile el año 2022 “refuerza la idea de la no regresividad de los derechos sociales”.

En este sentido, advirtieron, el permitir a las escuelas nuevamente seleccionar -que es una facultad que se prohibió en Chile el año 2015- va en contra de este protocolo, ya que “es una medida regresiva que el Estado no logra justificar en su proyecto de ley”. Junto con esto, indicaron, el proyecto además infringe la igualdad y la prohibición de discriminación.

“Creemos que acá hay un vicio de constitucionalidad evidente que el proyecto de ley no logra subsanar”, concluyeron desde la asociación.

En este sentido, la presidenta del gremio solicitó a la comisión rechazar la idea de legislar la iniciativa, y en vez de crear un sistema paralelo de admisión, sugirió realizar las modificaciones y mejoras necesarias directamente al SAE.

“Que nos estén colocando cuotas del 10% no es inclusión”

Por su parte, la presidenta de la Fundación Down 21 Chile y vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas con Síndrome de Down, Irma Iglesias, destacó que el Sistema de Admisión actul tiene la característica de que “es ciego” al ser centralizado y funcionar mediante un algoritmo que opera en base a criterios, lo cual permitió que los niños con síndrome de down no fueran discriminados en los procesos de admisión escolar.

“Nuestros hijos pasaron a ser igual que el resto, porque no había condición, y nosotros ahí sentimos lo que es la dignidad de que nuestros hijos”, manifestó.

Sin embargo, advirtió, con este sistema paralelo que propone el proyecto esto se perdería. Asimismo, también cuestionó el porcentaje de 10% que los colegios deberían cumplir con cupos para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.

“Que nos estén colocando cuotas del 10%, eso no es inclusión, porque tiene techo. Esa cuota es sobre la matrícula”, advirtió Irma Iglesias. “Si uno revisa los colegios, la mayoría de los colegios ya tienen el 16%. ¿Y qué pasa entonces con las vacantes?“.

En esto, indicó que solicitan como organización que el proyecto diga que la cuota de inclusión sea “al menos 5%”, para así generar una base mínima de inclusión que no tenga límite.

“Este proyecto da a los estudiantes con discapacidad en colegios financiados por todos los chilenos menos garantías que la educación privada pagada, y eso no puede ser”, señaló.

Arzola por proyecto que modifica el SAE: “Estamos abiertos a recibir sugerencias o ideas”

Sobre los puntos presentados por la presidenta de la Fundación Down 21 Chile, la ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó que el espírtu del proyecto no era poner un techo al porcentaje de cupos que se solicitaba para inclusión.

“Efectivamente la redacción no dice ‘a lo menos’ (...) si bien no lo explicitamos, la verdad es que esa es la intención. Creo que es correcto incorporarlo para que no quede en duda”, señaló.

Por otra parte, y en cuanto a las observaciones que se hicieron sobre los criterios de prioridad, específicamente el criterio de distancia, Arzola manifestó que optaron por dejarlo abierto para el reglamento, “justamente porque uno de los problemas que tiene un sistema de admisión centralizado es que el tener solo criterios centralizados impide atender circunstancias y situaciones que se dan en la realidad”.

“Nosotros creemos que es necesaria esa flexibilidad en cuanto a la definición de esos criterios o variables para dar prioridad a través de este mecanismo”, sostuvo.

“Reconozco que dejarlo abierto como criterio, es decir, solo distancia, se puede prestar a los problemas de reproducir la segregación territorial y que por lo tanto nosotros tenemos una apertura a expresar de otra forma ese criterio (...) creo que hay un espacio y estamos como abiertos a recibir sugerencias o ideas en esta comisión”, indicó.