Sector público también tendrá sus 40 horas laborales: gobierno y asociaciones comenzarán a buscar fórmulas para reducir la jornada

El ministro de Hacienda y el presidente de la CUT firman el acuerdo de reajuste del sector público

De acuerdo al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, dentro del protocolo de acuerdo del reajuste salarial se estableció formar una mesa de trabajo para comenzar a planificar cómo se podría implementar la reducción para los trabajadores públicos.


El proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas para el sector privado ha ido avanzando en la Comisión de Trabajo del Senado. En la última sesión, se aprobó una norma que regula de manera más precisa las labores que estarán bajo el artículo 22, es decir, todas aquellas funciones que no estarán sujetas a este límite horario.

Si bien todavía queda camino por recorrer, el gobierno espera que entre marzo y abril de 2023, la propuesta esté lista para ser ley.

Pero no sólo el sector privado tendrá una jornada laboral más corta, sino que también los trabajadores públicos. Esto, porque en el marco de la negociación por el reajuste salarial, que finalizó el viernes con un alza de 12% para quienes tengan ingresos de hasta $2.200.000 y de $264 mil para quienes estén sobre ese monto, se acordó generar una mesa de trabajo para avanzar en la reducción de la jornada laboral durante 2023.

De acuerdo al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, dentro del protocolo de acuerdo se estableció formar una mesa de trabajo para comenzar a planificar cómo se podría implementar la reducción para los trabajadores públicos.

Desde el gobierno explican que esto es algo que se desancló del actual proyecto de 40 horas, porque implica modificar la normativa del estatuto administrativo, del estatuto administrativo municipal, docente. Asimismo, comentan que las fórmulas concretas de cómo se materializará es algo que se irá conversando en la mesa de trabajo.

La principal razón es porque la realidad entre los sectores de la administración pública es distinta entre cada uno de ellos. Por ejemplo, los trabajadores de la administración central tienen un estatuto administrativo, otro distinto para los funcionarios del poder judicial, otro el sector educacional y el sector salud. Por esta razón, en el gobierno sostienen que “cada uno tiene sus particularidades y probablemente cada uno tendrá su fórmula para avanzar en la reducción de la jornada laboral”.

Sobre este punto, Pérez afirma que no está definido si la conversación se realizará en una sola mesa tal como se discutió el reajuste salarial, o bien se hace de acuerdo a cada sector. A su juicio, el ideal es que trabaje de manera conjunta. No obstante, reconoce que la realidad para cada uno de los sectores es distinta, y por ello, se está analizando la mejor manera para avanzar.

Otro punto que también se debe definir es si la reducción de la jornada será para todos los trabajadores independientemente de ui condición contractual es de planta, contrata o a honorarios.

Si bien esta menor jornada laboral tendrá un costo fiscal, eso recién estará cuantificado cuando se defina cómo se realizará este proceso de reducción de la jornada laboral.

La definición debería quedar establecida durante las próximas semanas, ya que el objetivo es comenzar a trabajar ya en enero de 2023.

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