La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó el lunes que abrió un proceso de formulación de cargos en contra del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y de ocho empresas eléctricas de transmisión y generación, por su eventual responsabilidad en el apagón que afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que dejó a oscuras a gran parte del país el pasado 25 de febrero de este año.

Esta es la tercera formulación de cargos que inicia la SEC al consejo del CEN en sólo dos meses. El pasado 25 de junio abrió otro proceso en contra de los cinco miembros del directorio del Coordinador Eléctrico por, supuestamente, entregar “información incompleta y errónea para el proceso de pago de compensaciones económicas a clientes afectados por cortes de suministro eléctrico ocurridos entre 2023 y 2024″. En este proceso, no se ha iniciado un proceso contra las empresas involucradas. Y el 7 de julio, la SEC abrió otro proceso que fue menos difundido, en contra de los consejeros del CEN por no haber actuado “con debida diligencia” al no exigir oportunamente antecedentes técnicos a la generadora Colbún sobre las restricciones operativas que han enfrentado por más de un año las centrales termoeléctricas Nehuenco I y II, pertenecientes a esta compañía del grupo Matte, supuestamente sin fundamentos técnicos.

En esta oportunidad, los acusados no son sólo los consejeros, sino también ocho empresas que, según la SEC, incumplieron sus obligaciones en el corte masivo de energía que afectó al 98,5% de la población del país, desde la región de Artica hasta Los Lagos a partir de las 15.16 horas del martes 25 de febrero.

Acusados por el origen

En su investigación, la SEC centró sus pesquisas en dos aspectos: las condiciones que originaron el corte y la propagación de la falla.

En su primer foco, determinó que el CEN “habría estado operando el sistema en condiciones inseguras, específicamente al mantener el corredor Nueva Maitencillo–Polpaico transmitiendo 1.800 MW (megawatts), superando el límite de 1.600 MW definido como seguro por sus propios estudios", afirmó el regulador.

“Esta operación expuso al Sistema Eléctrico Nacional a un riesgo elevado de inestabilidad ante contingencias, como la que finalmente ocurrió”, agregó. La SEC, entonces, acusó al consejo directivo del Coordinador de infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema.

Al evaluar la causa origen de la falla, se formularon dos cargos a la empresa de transmisión Interchile, propiedad del grupo colombiano ISA. “El primero, por no mantener sus instalaciones en buen estado y con condiciones adecuadas de seguridad, lo que habría contribuido al inicio del evento; y el segundo, por reactivar remotamente un equipo de comunicaciones, correspondiente al esquema de protecciones de la línea 2x500 kV Nueva Maitencillo–Nueva Pan de Azúcar, sin contar con la autorización ni el conocimiento del Coordinador”, agregó.

Acusados por la ramificación

En la segunda parte de la investigación, la SEC volcó su mirada hacia las razones por las cuales la falla se propagó a tal nivel que afectó a todo el sistema.

Bajo este prisma, formuló cargos contra la transmisora Transelec, propiedad de los fondos canadienses Canadian Pension Plan Investment Board, British Columbia Investment Management Corp. y Public Sector Pension Investment Board, y la empresa china Southern Power Grid International. La acusación es “por no contar con el Centro de Control Principal ni con el Centro de Control de Respaldo del sistema Scada, lo que habría dificultado una adecuada supervisión y capacidad de respuesta frente a la emergencia”.

A la generadora Engie Energía, controlada por el grupo francés Engie, enfrenta dos cargos: “uno por no disponer de sistemas de supervisión y control de sus instalaciones, y otro porque sus instalaciones se habrían desconectado producto de la operación de protecciones de baja frecuencia”.

Por su parte, CGE Transmisión (controlada por la estatal china State Grid International Development), Alfa Transmisora de Energía (cuyos accionistas son el grupo chileno APG Energy & Infra Investments Chile Expansion SpA y el español Celeo Redes Chile) y AES Andes (propiedad de la estadounidense AES) enfrentan cargos “por no contar con los sistemas de supervisión y control requeridos para sus instalaciones, lo que habría afectado su capacidad de respuesta ante la contingencia”.

Finalmente, Generadora Metropolitana (propiedad del grupo chileno AME y el francés EDF) y Bioenergías Forestales (filial de CMPC Celulosa del grupo Matte) fueron acusadas de que “sus instalaciones se habrían desconectado como consecuencia de la operación de protecciones de baja frecuencia, las que se habrían activado antes de lo permitido, desconectándose y contribuyendo así al colapso del sistema eléctrico”.

“La SEC ha desarrollado una investigación exhaustiva y rigurosa. Hemos llegado a un convencimiento técnico y jurídico respecto de responsabilidades, tanto del Coordinador Eléctrico Nacional como de ocho empresas integrantes del sistema de transmisión y generación. La investigación avanza, pero todavía no ha terminado”, dijo la superintendenta Marta Cabeza.

En este sentido, la autoridad señaló que “la investigación continuará en los focos vinculados a las eventuales responsabilidades asociadas al funcionamiento del plan de recuperación del suministro eléctrico, así como a las labores de coordinación que debió ejercer el CEN para permitir una recuperación rápida y eficiente del servicio tras la ocurrencia del apagón”.

Las empresas que fueron objeto de estas formulaciones de cargos arriesgan multas de hasta 10 mil unidades tributarias anuales (UTA), es decir poco más de $8.200 millones. Mientras que los consejeros del CEN podrían recibir sanciones personales de hasta 30 UTA, equivalente a unos $24 millones, que coincide con el salario mensual que reciben. En este caso, deben responder con su patrimonio personal, ya que dichas multas se encuentran afectas a un régimen de sanciones distinto al de las empresas.

Descargos

En un punto de prensa, la superintendenta Cabeza explicó que los cargos formulados contra el consejo directivo del Coordinador Eléctrico y las demás empresas no tienen un índice de gravedad asociado, sino que “los cargos lo que hacen es que, luego de una convicción técnico-jurídico, se les indica a las empresas cuál ha sido su incumplimiento y corresponderá a éstas identificar si son así o efectivamente deben hacer descargos que nos lleven a la convicción de que no es así o sí es así”.

“Las empresas deben realizar los descargos ante la Superintendencia de Electricidad, los cuales van a ser analizados para identificar el mérito de estos y ver si hay o no espacio para avanzar en los procesos administrativos sancionatorios”, agregó.

Cabeza precisó que el plazo para responder es de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación.