La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) dispuso la suspensión del proceso penal que se desarrolla en contra de Miguel Ángel Calisto mientras se determina la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad que la defensa del senador presentó ante el organismo.

Con ello, el legislador logró el congelamiento del caso que dirige el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, respecto a un aparente sistema de defraudación que Calisto habría montado siendo diputado para conseguir indebidamente dineros de asignaciones parlamentarias pagadas por el Congreso.

Calisto está alegando ante el TC que una parte de una norma del Código Procesal Penal genera efectos inconstitucionales para su derecho a defensa.

Si el TC declara admisible el recurso, tendrá que resolver si se mantiene o no la suspensión.

“Estamos conformes con la resolución que acogió la suspensión. Con lo resuelto, antes de continuar el procedimiento penal, será el Tribunal Constitucional el que deberá primero pronunciarse sobre la admisibilidad de nuestro requerimiento y, en caso de que así lo decida, conocer el fondo del asunto”, manifestó el abogado del político independiente César Ramos.

Desde la Fiscalía de Aysén, en tanto, hacen ver que esta resolución del TC implica que no se llevará a cabo la audiencia programada para el lunes 27 de julio en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en la que se analizaría la pertinencia de dos diligencias solicitadas por la defensa del senador y que la entidad persecutora ya decretó. Esto, puntualizan, aun cuando las diligencias habían sido solicitas fuera de plazo legal.

A fines de junio, el Ministerio Público presentó acusación, pidiendo 12 años de cárcel para el legislador por el supuesto fraude de más de 100 millones de pesos en la contratación de asesorías.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil para recuperar esas platas.

Asimismo, la Fiscalía de Aysén presentó una nueva solicitud de desafuero, atendiendo que Calisto fue despojado de su inmunidad parlamentaria siendo diputado y no como senador.

El 7 de julio, el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó la reapertura de la investigación.

Desde el lunes 20 de julio están corriendo los 10 días corridos para que el CDE y el Ministerio Público presenten informes al TC para que se desestime la admisibilidad del recurso del senador.