A las pocas horas del operativo en Temucuicui, cuando todavía era de madrugada, en los chats de diputados republicanos ya circulaban videos del despliegue policial y militar que terminó con la detención del comunero Jorge Huenchullán, prófugo desde 2021. La captura fue celebrada como una nueva señal de la recuperación del control del Estado en una de las zonas más sensibles para la agenda de seguridad del gobierno.

Minutos después fue la propia ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien tomó la vocería del operativo. A través de su cuenta en X escribió a las 7.18 horas que “en una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio”.

En Palacio el operativo fue valorado como un nuevo avance en la Macrozona Sur, territorio que el gobierno de José Antonio Kast transformó desde el inicio en símbolo de su ofensiva en seguridad y control territorial. También como una oportunidad para reposicionar a Steinert en medio de semanas complejas en su cargo, justo un día después de que la oposición anunciara una interpelación a la ministra.

Sin embargo, el intento por capitalizar el operativo no estuvo exento de ruido. En sectores de la Fiscalía no ha sido bien visto que la ministra intente “adjudicarse” estos operativos. De hecho, horas más tarde, realizó una vocería desde La Moneda detallando el despliegue en La Araucanía, donde además -a propósito del ruido en torno a su figura- recalcó que cuenta con el respaldo del Mandatario.

Ese episodio y otros han expuesto una dificultad que, en privado, reconocen en el oficialismo: la titular de Seguridad no logra todavía afirmarse políticamente ni ordenar completamente una cartera que el Presidente elevó a una de las prioridades de su administración.

La situación la ha llevado incluso a realizar ajustes internos en el ministerio. Francisco Chambi dejó la jefatura de gabinete y en su reemplazo aterrizó el abogado Jorge Chocair, quien participó la mañana de este martes -acompañando a la titular de la cartera- en la reunión del comité de seguridad junto al Presidente; el ministro del Interior, Claudio Alvarado; los asesores del Mandatario, Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela, entre otros.

Los problemas, de todas formas, se arrastran desde el principio. La gestión de Steinert arrancó tensionada tras la polémica salida de la exprefecta de la PDI Consuelo Peña, episodio que abrió cuestionamientos sobre si se extralimitó en sus facultades al pedir su remoción. Desde entonces, distintos traspiés han ido debilitando su posición.

El momento más incómodo ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados. Ahí, durante una exposición ante parlamentarios, la ministra leyó extensamente su intervención, tuvo dificultades en la presentación y terminó enfrascada en una controversia luego de que no se le permitiera exhibir un PowerPoint que había preparado para la sesión.

La escena generó incomodidad incluso entre diputados oficialistas, que observaron con preocupación el desempeño de una ministra llamada a encarnar una de las principales banderas del gobierno.

Días después, en una entrevista en Radio Agricultura donde se refirió al episodio, volvió a abrir un flanco. “Hay aspectos que han sido más complejos que me llaman la atención, pero nada que no sea abordable”, afirmó la secretaria de Estado. Luego añadió que no esperaba “la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, afirmó.

Ese escenario terminó por precipitar el anuncio de una interpelación en la Cámara de Diputados, impulsada por la oposición y encabezada por el diputado PS Raúl Leiva. La ofensiva parlamentaria encontró a Steinert en uno de sus momentos más frágiles desde que asumió el cargo.

En privado, de hecho, en sectores oficialistas reconocen que la ministra pasó a ser vista como el eslabón más vulnerable del gabinete. Y que, si el Presidente decidiera realizar un ajuste ministerial en las próximas semanas, su nombre aparece entre los primeros en evaluación. Por lo mismo, la interpelación -admiten algunos en Palacio- podría transformarse en un punto de inflexión definitivo.

Por lo mismo, en La Moneda ya comenzaron a asumir que el diseño para enfrentar esa instancia no puede quedar solo radicado en la ministra.

Sostienen que será necesario reforzar política y técnicamente a Steinert antes de la interpelación, ordenar mejor las vocerías y preparar una estrategia más sólida para enfrentar a la oposición en el Congreso. Todo, dicen algunos en el gobierno, con el objetivo de evitar que una mala presentación termine profundizando aún más las dudas sobre su continuidad.

Así, durante esta jornada los parlamentarios oficialistas optaron por hacer un gesto público y cerrar filas. Desde el Congreso en Valparaíso, parlamentarios de las distintas bancadas -desde republicanos hasta Evópoli- salieron a respaldar públicamente a la ministra y a destacar el operativo en Temucuicui como muestra de resultados concretos.

El diputado UDI Eduardo Cretton afirmó que “lo único que nosotros le pedimos a la oposición son tres cosas: primero que no traten de culpar a la ministra, que lleva dos meses en su cargo (...), que exista una voluntad real de escucharla y que le den la unanimidad para exponer su plan”.

El senador republicano Rodolfo Carter fue más directo y buscó desactivar las especulaciones sobre un eventual cambio de gabinete. “Nosotros no vamos a caer en la tentación de empezar con este festival de nombres”.

Y agregó: “De mí, nunca, en ningún caso, va a venir un cuestionamiento a la decisión del Presidente de la República respecto a quiénes acompañan a su gabinete. Y mucho menos respecto a alguien como la ministra Steinert. Los chilenos eligieron con la mayor votación de la historia a una persona que está en La Moneda. Es él quien tiene que evaluar”.

Las declaraciones, sin embargo, no lograron disipar completamente la sensación que hoy cruza a parte importante del oficialismo: que la ministra enfrenta una cuenta regresiva. Y que la interpelación que prepara la oposición podría terminar convirtiéndose no solo en una ofensiva contra la gestión de seguridad del gobierno, sino también en un test de supervivencia en su cargo.