Al menos trece ausencias (sin considerar a los desaforados) aparecían hoy informadas en la Cámara de Diputados.

Si bien algunos legisladores que estaban fuera del país, entre ellos el mismo presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), alcanzarían a llegar a la sesión de hoy, el riesgo de un alto ausentismo parlamentario, justo en la víspera de Fiestas Patrias y del inicio formal de la campaña electoral, llevó a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (indep.), y a la oposición a postergar la votación de las reformas electorales que requieren un cuórum alto para ser aprobadas.

“Lo más probable es que el día 29 hagamos una sesión para tener el voto obligatorio y, además, la reforma del voto extranjero”, comentó el mismo Castro (RN), ante la reforma constitucional que sube los requisitos a partir de 2026 para el sufragio de los inmigrantes (necesita 87 votos de los 152 diputados habilitados) y del proyecto de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) que aplica una multa a los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas (requiere de 77 respaldos en la sala).

La primera reforma sobre el voto migrante no regirá para estos comicios del 16 noviembre, mientras que la sanción monetaria, que el Senado dejó en el orden de 34 mil a 103 mil pesos (0,5 a 1,5 UTM), sí podría implementarse este año.

Castro detalló que han conversado con el gobierno -particularmente con el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia- “y ellos también necesitan tener la semana distrital para poder ordenar, ojalá, a la mayor cantidad de personas”.

“Nosotros como oposición estamos todos cuadrados y podríamos aprobar los dos proyectos”, complementó el timonel de la Cámara.

El problema es que la multa, que era parte del proyecto de la diputada Pérez y que era una demanda sentida por la derecha, fue rechazada y se cayó en la Cámara el pasado 2 de septiembre, precisamente porque el cálculo de la oposición también falló. Entonces, la Cámara despachó un texto sin “su corazón”.

En el Senado, la ministra Lobos tuvo que revitalizar un acuerdo que había suscrito con los senadores de oposición para tramitar simultáneamente ambas reformas y se acordó una multa de un rango menor. Originalmente, la sanción tenía un rango más alto de $206 mil. Tras esas tratativas, que ayudaron a bajar las tensiones, el Senado despachó ambas iniciativas la semana pasada casi por unanimidad.

No obstante, el escenario no es igual en la Cámara Baja. De hecho, el mismo Castro, que ha oficiado como negociador junto con Pérez, teme que las bancadas de gobierno nuevamente no cierren filas contra ambos proyectos que hoy están amarrados.

Por lo mismo, Castro y la Segpres prefieren no correr riesgos de que se produzcan nuevos descuelgues masivos, lo que podría poner en jaque el acuerdo, que al menos fue refrendado por el Presidente Boric.

La estrategia de aprobación necesita de una estricta disciplina del bloque opositor.

Hoy las bancadas de derecha tienen 68 diputados: 22 de la UDI, 20 de Renovación Nacional, 2 de Evópoli, 13 del Partido Republicano, 5 en el Partido Social Cristiano y 6 del Partido Nacional Libertario.

Luego está el aporte del colectivo de Demócratas-Amarillos con otros 6 diputados, lo que contabiliza 74 legisladores.

A las fuerzas de oposición, además, se le añadirían al menos cinco diputados de la bancada Democracia Cristiana-independientes, que están por reponer la multa: Héctor Barría (DC), quien es el jefe de este comité; los vicepresidentes de la Cámara Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas(indep.), Alberto Undurraga (DC) y Karen Medina (indep.).

Además Pamela Jiles (PDG) también podría votar a favor.

Todos ellos sumados llegarían a 80 votos; es decir, tres más de los necesarios, por lo que la base para aprobar la multa (que es la más conflictiva) es frágil y cualquier ausencia repentina dilataría su tramitación de esta sanción por no votar, que ya corre contra el tiempo.

En todo caso, en la Cámara igualmente esperan sumar a algunos legisladores oficialistas, como Rubén Oyarzo (radical ex-PDG), Marisela Santibáñez (indep. PC), René Alinco (indep. Frevs) y Marcela Riquelme (indep.). Sin embargo, si hay una decisión colectiva de los diputados oficialistas de votar en contra de la multa, desoyendo el llamado el Presidente Gabriel Boric, lo que quitaría nuevamente el piso a la ministra Macarena Lobos, habrá una presión fuerte sobre ellos.

La jugada legislativa del oficialismo

Con este panorama, las bancadas gubernamentales -que aún no se convencen de establecer una sanción monetaria por no sufragar por razones electorales y de principios- podrían arremeter nuevamente contra esta norma y obligar a la conformación de una comisión mixta, que se constituiría entre diputados y senadores para resolver las divergencias entre ambas cámaras.

Adicionalmente hay otro reparo, en el debate en el Senado, en la Comisión de Gobierno se detectó que la multa que se aplica solo a chilenos y excluye a los extranjeros, requiere de un ajuste en la Constitución. Por ello, en la misma reforma constitucional del voto de los migrantes se eliminó el vocablo “electores” del artículo que establece la obligatoriedad del voto en la Carta Fundamental, ya que ello incluía a los extranjeros (no nacionalizados) y a los chilenos.

Si no se hacía ese cambio, la multa corría el riesgo de ser impugnada en el Tribunal Constitucional.