Política

Raúl Soto (PPD) acusa “operación política” del gobierno junto a republicanos para “debilitar” a la Contraloría

El presidente del PPD cuestionó las críticas del oficialismo al organismo fiscalizador y defendió la autonomía de las instituciones.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, afirmó este miércoles que existe “una operación política” del gobierno junto al Partido Republicano para debilitar organismos autónomos como la Contraloría, luego del dictamen en contra de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Las declaraciones del legislador se dieron en el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, donde también abordó el escenario de negociación de la megarreforma, además de los desafíos que enfrenta la oposición para articularse frente al gobierno de José Antonio Kast.

En ese contexto, el diputado PPD también criticó los cuestionamientos del oficialismo a la Contraloría tras el dictamen del organismo en contra de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, luego de la solicitud de diversos antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) una vez que asumió el cargo.

En ese sentido, Soto acusó que “estoy preocupado, creo que hay una operación política de la derecha, probablemente digitada desde el gobierno, para deslegitimar o debilitar ciertas instituciones que son autónomas e importantes para nuestra democracia”.

En esa línea, el presidente del PPD afirmó que le expresó sus reparos al presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien deslizó que el organismo dirigido por Dorothy Pérez “se está pasando de sus atribuciones”.

Al respecto, sostuvo que “fue poco prudente a la hora de emitir un juicio crítico respecto de la labor de la Contraloría. Creo que se está traspasando una línea roja de empezar a politizar instituciones que tienen autonomía, independencia, que son necesarias para un funcionamiento sano de la democracia, como la Contraloría, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional”.

Requerido por los antecedentes que lo llevan a acusar una “operación política” por parte del gobierno, Soto apuntó contra el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella.

En ese contexto, sostuvo que “fue de esas declaraciones el presidente del principal partido de gobierno (Arturo Squella) y no he visto una actitud de defensa de las instituciones por parte del Ejecutivo”.

“El gobierno no solo tiene que tener un rol, tiene un deber de defender las instituciones de la democracia”, agregó el legislador.

Asimismo, Soto imputó que “hay una complicidad” entre el Ejecutivo y los personeros de derecha que cuestionaron el dictamen de la Contraloría.

En esa línea, afirmó que “si la contralora genera incomodidad en el poder por hacer su trabajo y eso le genera críticas políticas, yo creo que hay que blindarla”.

Soto fue más allá y también apuntó contra el silencio del Presidente Kast, a quien acusó de ser “cómplice de esa crítica, que ha traspasado una línea que es peligrosa para el país”.

En la misma línea, frente a la propuesta de Squella de incorporar un cuerpo colegiado en la Contraloría, en lugar de la autoridad unipersonal que existe actualmente, Soto sostuvo que “hay un intento de intervenir, nuevamente, un órgano autónomo (...) Que lo plantee Squella genera una suspicacia importante sobre la intencionalidad que hay detrás”.

Nuevos requerimientos ante el TC

En medio de la conversación, el diputado Soto anunció que propondrá a los demás partidos de oposición ingresar nuevos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, esta vez por los recortes presupuestarios.

En ese sentido, adelantó que “nosotros desde el PPD estamos evaluando también, y lo vamos a proponer al conjunto de la oposición, un requerimiento ante el TC para impugnar los decretos de recortes presupuestarios, especialmente en salud”.

“Creemos que hay una afectación de normas constitucionales, creemos que ha existido opacidad y poca transparencia en el proceso”, añadió.

Soto explicó que “la Contraloría ya nos dio un punto y es que el decreto de recorte presupuestario de salud y otros, no habían sido publicados, y, por lo tanto, han sido tratados con poca transparencia”.

“Se trata de una decisión administrativa, que es vía decreto, que cambia la voluntad del legislador que se estableció en la ley de Presupuesto y lo hace, creo yo, sobrepasando un límite, y en un nivel que no se había visto con anterioridad”, complementó Soto sobre el argumento constitucional.

Desorden en la oposición por TC

En la entrevista —realizada antes del acuerdo alcanzado entre la bancada de senadores del PPD y el gobierno por la invariabilidad tributaria de la megarreforma— Soto abordó el anuncio realizado el lunes por el senador socialista Juan Luis Castro, junto al liberal Vlado Mirosevic, respecto de recurrir al Tribunal Constitucional.

Al respecto, señaló que “fue un error, debido a la ansiedad y probablemente a diferencias internas, haber anticipado una definición que no estaba ciento por ciento consensuada en las bancadas, pero que fue rectificado”.

En ese sentido, destacó que este jueves, a las 9.00 horas, estaban convocados los presidentes de los partidos de oposición, desde la DC al PC, junto a los jefes de bancada y representantes del Senado y de la Cámara, para analizar la posibilidad de recurrir al TC.

En esa línea, afirmó que “ha ido tomando con mucha fuerza al interior de las bancadas de la oposición la idea de recurrir al TC”, deslizando que la decisión podría quedar zanjada durante esa jornada.

Soto aseguró que falta “medio paso” para concretar esa definición.

Sin embargo, advirtió que “no queremos caer en el mismo error que cayó el senador Juan Luis Castro de anunciar anticipadamente este requerimiento, porque ninguna fuerza política, ninguna bancada, por sí sola tiene las firmas ni la fuerza que se requiere”.

El diputado también abordó el “desorden” interno del PS, que tensionó a la oposición.

“Creo que todos los partidos tienen diferencias y problemas internos; lo importante es que esas diferencias internas se resuelvan hacia dentro”, sostuvo.

Frente a lo anterior, también apuntó contra el Ejecutivo por la negociación de la ley miscelánea, responsabilizando al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En ese contexto, lanzó que “el gobierno tiene un gran problema con nombre y apellido: Jorge Quiroz, porque el ministro, a esta altura, ha demostrado que tiene una incapacidad política para dialogar y llegar a acuerdos con quienes piensan distinto a él”.

El diputado describió a Quiroz como una persona con la que “es muy difícil, porque es muy inflexible, dogmático y extremo en sus posiciones económicas”.

Con todo, Soto afirmó que no espera buenos resultados de la mesa negociadora impulsada por el Senado para destrabar la megarreforma.

Finalmente, abordó la postura que, a su juicio, debe adoptar la oposición frente al gobierno de Kast, con el fin de evitar episodios de conflicto interno como los que, asegura, atraviesa el oficialismo.

En esa línea, reflexionó que “tenemos que tener unidad en la diversidad. Eso significa que, por ejemplo, en el PPD tenemos una intención de recuperar la identidad propia de la centroizquierda, del socialismo democrático”.

El líder del PPD concluyó señalando que “yo soy partidario de que seamos capaces de construir un proyecto socialdemócrata y de centroizquierda del siglo XXI, de cara al futuro, con quienes estén disponibles para ese esfuerzo”.

No apoya cambios del PC a la ley Nain-Retamal

Soto también abordó la propuesta del Partido Comunista (PC) de introducir cambios a la ley Nain-Retamal y marcó distancia de esa postura.

En ese sentido, sostuvo que “es un error del Partido Comunista insistir en posturas que siguen mermando la credibilidad del progresismo a la hora de enfrentar los temas de seguridad”.

El diputado por la Región de O’Higgins planteó que “creo que no debemos retroceder respecto de las facultades que se han entregado a las policías; al contrario, hay que robustecerlas para que puedan enfrentar la crisis de seguridad y el crimen organizado”.

En esa línea, aseguró que “ahí vamos a marcar una diferencia. No compartimos para nada la idea de debilitar ni mucho menos derogar la ley Nain-Retamal. Nosotros estamos por respaldar todos los proyectos que digan relación con entregar mayores condiciones de seguridad a los chilenos”.

Asimismo, atribuyó parte de la pérdida de apoyo electoral del progresismo a la falta de credibilidad en esta materia. Al respecto, afirmó que “no se generó una confianza ni una credibilidad con los temas de seguridad”.

Finalmente, agregó que “es difícil que la gente crea y confíe en la convicción del progresismo de enfrentar los temas de seguridad”.

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