El fuerte encontronazo entre el ministro Montes con el senador Latorre en medio de arremetida opositora por lío de platas a RD en el Serviu

Una llamada telefónica realizó esta mañana el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), para quejarse en duros términos al presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre.

En una entrevista en Radio Concierto, el senador del Frente Amplio comentó que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), le había advertido en su momento a Montes que había llegado una denuncia de presuntas irregularidades en convenios suscritos por el Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que involucraban a dos militantes de RD, cercanos a la diputada Catalina Pérez (también militante de esa colectividad).

“La conversación que hemos manejado, que hemos conversado con la misma subsecretaria, es que cuando ella recibe la información lo conversa en el ministerio, con el ministro y también con todo su gabinete y empieza a recabar información con el seremi. Y el problema es que la información que le fue entregando el seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial, fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados con este convenio en el fondo”, dijo Latorre.

Al enterarse de las afirmaciones del senador de RD, el ministro socialista montó en cólera, según fuentes gubernamentales, ya que lo exponía a un posible incumplimiento legal.

“El presidente de RD se equivocó, entiendo que hará una aclaración, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena, ella va a seguir siendo (subsecretaria), porque la historia hay que conocerla mucho más en detalle porque había un proceso en marcha -que yo no lo conocía-, pero había un proceso de recabar información”, dijo Montes, deslindando responsabilidades.

El titular del Minvu explicó “a nosotros nos llegó una información diciendo que en esa región en la Seremi de Vivienda y Urbanismo, se estaban contratando demasiadas personas de RD vinculadas a las fundaciones, frente a esto yo le hice ver a la subsecretaría que tenía que investigar y determinar qué estaba ocurriendo. Ella lo hizo a través de distintos informes”.,

Sin embargo, el secretario de Estado igualmente está en la mira de la oposición precisamente por no haber adoptado oportunamente las medidas administrativas y judiciales.

De hecho, la bancada de diputados de RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para que se pronuncie por la demora del Minvu para iniciar un sumario interno por este caso (proceso que recién comenzó este martes) y por la falta de diligencia tanto de Montes como de la subsecretaria Rojas en denunciar posibles ilícitos, según la obligación que impone el Código Procesal Penal a las autoridades y funcionarios públicos.

“Debió haberse realizado un sumario previamente a la renuncia (del exseremi Carlos Contreras). Vemos una intención para defraudar al Fisco”, dijo el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

“Si es necesario acusar (constitucionalmente), vamos a acusar a un ministro”, añadió el diputado José Miguel Castro (RN).

“Si se comprueba que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, sabía o debía saber del convenio Democracia Viva en Antofagasta y no hizo nada al respecto, entonces debe pedírsele la renuncia. Si no, esto arrastrará también al ministro Carlos Montes por complicidad pasiva”, comentó en redes sociales el diputado y secretaria general de RN, Diego Schalper.

De acuerdo a la versión de las propias autoridades del Minvu, fue a través de un correo electrónico, fechado a inicios de mayo, que la subsecretaria Rojas supo oficialmente de la denuncia que formulaba la asociación de funcionarios del Serviu.

Los primeros antecedentes daban cuenta de tres convenios suscritos por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta con la fundación ligada a RD, por un total de $ 426 millones. Por un lado, los contratos tenían la firma del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, militante de RD, quien es pareja de la diputada Pérez. De parte del Serviu, los convenios estaban visados por el entonces secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda, Carlos Contreras, también RD, quien había sido jefe de gabinete de la legisladora que representa a la Segunda Región. Hoy Andrade, quien dejó su cargo en la fundación, y Contreras, quien fue removido, están sometidos a un proceso disciplinario en su partido.

Frente a la escalada judicial y política, el Presidente Gabriel Boric esta mañana abordó el caso y endureció el tono.

“Tenemos que ser muy claros y firmes. Si en el pasado desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública. Y en donde hubiesen delitos o presunciones de delito, eso le corresponderá decirlo a la justicia, hoy día cuando quienes están involucrados son personas cercanas al gobierno tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes, acá no puede caber ningún tipo de complacencias, ningún tipo de protección sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir”, recalcó.

En esa línea, el Mandatario comprometió “colaboración absoluta” con el Ministerio Público, que inició una investigación de oficio sin esperar la denuncia del gobierno. “Si la Fiscalía decide involucrarse, es porque hay sospecha o antecedentes de delitos y eso es gravísimo y nuestro gobierno tiene el deber y la exigencia de colaborar en todo el proceso”, añadió tajante el Jefe de Estado.

Según admitió, el pasado martes, el mismo senador Latorre, hay una situación “impropia” por los lazos de cercanía de quienes suscribieron los convenios.

Mientras el presidente y diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, llamó a sacar a “las manzanas podridas” del gobierno; en CNN, el diputado de ese mismo partido (donde milita Boric), Gonzalo Winter, admitió que podría haber hechos constitutivos de delito. Si bien Winter no profundizó qué tipo penal podría aplicarse en este caso, señaló que sólo por los antecedentes que había leído en la prensa le llamaba la atención que una fundación con tan poca experiencia (creada en febrero de 2022) hubiera recibido tal cantidad de dinero, lo que sólo podría ser atribuible a la cercanía de las personas que suscribieron los contratos.

El problema es que a pesar de que los hechos resultaban escandalosos, a ojos de los propios dirigentes del Frente Amplio, a la oposición le llama la atención la demora de la subsecretaria Rojas e incluso del ministro Montes en tomar medidas drásticas.

Por lo tanto, si no hay explicaciones creíbles y la Contraloría confirma los errores en la supervisión de los hechos denunciados, en las bancadas de derecha no descartaban que el episodio escale en contra del titular de Vivienda.

Además de los requerimientos a Contraloría de parte de RN, los diputados de la UDI, Cristián Labbé, Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma, ingresaron hoy en el Centro de Justicia de Santiago una querella por fraude al Fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

“Hacemos un llamado al gobierno a asumir las responsabilidades políticas de quienes debieron advertir esta situación. Uno hubiera esperado que ‘el desde’ hubiera sido que la subsecretaria hubiera dado un paso a un costado... ¿Qué pasó durante más de un mes?”, dijo Coloma, quien demandó de Montes realizar esfuerzos para recuperar los dineros.

Adicionalmente otro grupo de diputados gremialistas anunciaron una interpelación en contra del ministro.