Gobierno presentará proyecto que “modifique” la Ley Migratoria para facilitar “el proceso de expulsión”

La ministra del Interior también dio a conocer que dispondrán "para la Región de Tarapacá $5.500 millones, que se van a entregar para las labores operativas y fiscalizadoras", debido a la crisis migratoria y de seguridad que afecta a la Macrozona Norte. Confirmó también la ampliación del plazo de vigencia del decreto 265 del Ministerio de Defensa, lo que permitirá mantener la colaboración de las FF.AA. en zonas fronterizas.




“Para la Región de Tarapacá contamos con $5.500 millones de pesos, que se van a entregar para las labores operativas y fiscalizadoras, tanto de aduanas, como de policías, que contemplan un scanner pórtico para fortalecer el trabajo de aduanas y Policía de Investigaciones (PDI), con $3.790.000 millones de pesos, tres vehículos, cuatro equipos de extracción de datos y cinco equipos radio X para poder fiscalizar”.

Esas fueron algunas de las medidas que anunció la ministra del Interior, Izkia Siches, desde Colchane, Región de Tarapacá.

Las acciones se enmarcan en la compleja situación que se vive en el norte del país, debido a la crisis migratoria y de seguridad que afecta a la zona. El respecto, la titular de Interior recalcó que “nuestro gobierno está comprometido en avanzar en una migración ordenada y enfrentar la migración por pasos irregulares”.

“Aquellas personas que pretendan ingresar a nuestro país por pasos irregulares, eso no está permitido en Chile”, declaró.

También dio a conocer que el Ejecutivo buscará modificar la ley de Migraciones. “Como gobierno hemos definido, en primer lugar, presentar un proyecto de ley que modifique la reciente Ley Migratoria aprobada en el Parlamento y facilite el proceso de expulsión, simplificando los procesos de notificaciones”, comunicó.

La iniciativa que comenzará su tramitación este mes busca la simplificación de los procedimientos para realizar expulsiones administrativas de extranjeros que hayan cometido delitos en el país o ingresado de manera ilegal. Según el ministerio, la propuesta considera una modificación a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería que “hará más expedito el procedimiento administrativo de expulsiones”.

Por otra parte, la ministra confirmó la ampliación del plazo de vigencia del decreto 265 del Ministerio de Defensa, lo que permitirá mantener la colaboración de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas.

“Hoy, con el subsecretario de Defensa, queremos informar al país que vamos a prorrogar el decreto 265 que fortalece las capacidades y apoyos por parte de las FF.AA.”, dijo.

Previamente, la titular de Interior había adelantado que “hay más de $12 mil millones de pesos disponibles hoy para enfrentar el crimen organizado”.

¿Estado de excepción? “Todos los instrumentos están abiertos”

El martes, diputados de oficialismo y oposición anunciaron la conformación de una bancada transversal para la Macrozona Norte y solicitaron al gobierno decretar Estado de Excepción en la zona. Uno de los parlamentarios incluso señaló que si el gobierno no adopta esa medida, o una “de igual connotación”, no respaldarían una eventual nueva prórroga del Estado de Emergencia que rige en la Macrozona Sur.

Al día siguiente, la ministra respondió que en el gobierno no eran “para nada partidarios de las amenazas y desde el primer día como gobierno hemos puesto foco en lo que ocurre tanto en la Región Metropolitana, como lo que ocurre en el sur y también en el norte”.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve -quien esta semana viajó a Arica-, en la víspera había descartado la aplicación de la herramienta asegurando que “no es hoy día una decisión que el gobierno tenga considerado tomar, la declaración del estado de excepción”. También había comunicado que la ministra anunciaría este jueves -como ocurrió- otras medidas para la zona.

Este jueves Siches fue nuevamente consultada por la opción de decretar Estado de Emergencia en la zona, no cerrando del todo esa posibilidad. “Todos los instrumentos están abiertos. Entendemos que estas son medidas excepcionales que vulneran también las libertades individuales. Hemos sopesado cuáles son los objetivos, y creo que en los objetivos tenemos los mismos con los parlamentarios, tenemos que ver si los instrumentos son los más idóneos”.

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