Un intenso trajín se registró el lunes en la tarde en la oficina de la bancada de la UDI, donde se congregaron los equipos jurídicos de la oposición para dar las últimas pinceladas a la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio).

A pesar de que el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al exsecretario de Estado, las bancadas opositoras acordaron buscar un castigo más severo (la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años), debido a que los errores en el cálculo de las cuentas electricidad habían sido detectados en octubre de 2024.

Si bien casi todas las bancadas de oposición ya estaban embarcadas en la presentación, una de las rúbricas llamó la atención. “Vayan a buscar a la Pamela”, dijo uno de los asesores, antes del ingreso del escrito, en referencia a la diputada Pamela Jiles (PDG), quien se plegó al libelo impulsado desde un principio por la UDI.

Además de ella, también firmaron la acusación los diputados de RN Frank Sauerbaum, Carla Morales y Eduardo Durán; los UDI Henry Leal, Juan Manuel Fuenzalida y Juan Antonio Coloma; el representante de Evópoli, Francisco Undurraga; los republicanos Juan Irarrázaval y Cristián Araya; y el demócrata Jorge Saffirio.

El libelo, cuyo esqueleto fue redactado por los abogados de la UDI y RN, era el noveno que presentaban las fuerzas de oposición en contra de autoridades del gobierno del Presidente Gabriel Boric en el actual período parlamentario. Con ello, se empató el récord de acusaciones presentadas por la entonces oposición en la anterior administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Negligencias y faltas a la probidad

La acusación contra Pardow tiene 40 páginas y consta de dos capítulos, ambos basados en infracciones a los principios de probidad y transparencia del artículo de 8 de la Constitución.

El primero de ellos, redactado por el equipo de abogados de Renovación Nacional, le reprocha una negligencia en materia de probidad administrativa y no responder a las exigencias de eficiencia y eficacia -reguladas también en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado- con ocasión del decreto tarifario que fijó los precios de la electricidad, desde enero de 2024, ya que la metodología duplicaba los efectos inflacionarios en las cuentas cobradas a los clientes.

El segundo capítulo, elaborado por el equipo de la UDI, también señala una infracción del deber de probidad administrativa, pero producto de omisiones y falta de transparencia luego de que Transelec le informara al exministro de errores en el cálculo de las cuentas de luz. “El exministro jamás transparentó dicha situación, y luego mantuvo una aparente actitud pasiva y negligente en la búsqueda de soluciones”, dice el texto.

El anuncio

Una vez ingresado a la oficina de partes, los acusadores insistieron en sus razones políticas para iniciar un nuevo proceso constitucional, que de acuerdo a los plazos legales difícilmente podría resolverse antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Probablemente la votación en sala quedará para la semana posterior a los comicios.

Dado que las críticas al rol de Pardow eran transversales, al menos hasta antes de su renuncia, el diputado Sauerbaum hizo un llamado a los parlamentarios de gobierno a que “voten esta acusación constitucional y la estudien debidamente sin hacer una defensa corporativa”.

El diputado Leal, en tanto, acusó que “el exministro Pardow ocultó información a los chilenos, él fue negligente al firmar el decreto tarifario”.

El diputado Undurraga, por su parte, expresó que “Evópoli y quien habla no es amigo de las acusaciones constitucionales, pero la acción cometida por el exministro Pardow no solamente ve afectado el bolsillo de todos los chilenos (...), sino aquí se devela una forma de gobernar del Presidente Boric y de sus ministros, que es el gobierno de los pillados”.

“Quienes estamos firmando esta acusación estamos convencidos de que nuestro rol fiscalizador no nos hace optar. Firmar la acusación es una obligación constitucional frente a las innegables faltas que hay en este caso”, afirmó, por su parte, la diputada Jiles.

Defensa de Pardow

Si bien en los últimos días, el gobierno ya había comenzado a hacer un trabajo para alinear al oficialismo en contra de la inminente acusación, con el argumento de que el Ejecutivo ya hizo valer las responsabilidades, ayer se abrió un flanco ante la decisión de La Moneda de brindarle apoyo jurídico al exministro, ya que el libelo se basa en hechos ocurridos en el ejercicio del cargo.

En respuesta, la bancada de la UDI recurrirá a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre el financiamiento del gobierno a la defensa de Pardow en la Cámara. “Son los recursos de todos los chilenos que va a pagar abogados para la defensa de un privado, que ya no es funcionario público”, argumentó el diputado Leal, al tiempo que Sauerbaum calificó ese respaldo jurídico como “asqueroso”.

Este tema fue abordado someramente en el comité político de este lunes en La Moneda, que encabezaron los ministros Álvaro Elizalde, Macarena Lobos y Antonia Orellana.

Si bien en la cita no hubo mayor controversia respecto del apoyo jurídico, algunos legisladores oficialistas recomendaron al gobierno tomar distancia de la defensa del extitular de Energía.

“Sería bien aconsejable que el gobierno evite involucrarse en la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro de Energía. No veo prudente enredarse en la discusión”, dijo el diputado Jaime Araya (indep. PPD).

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), emplazó a los ministros a que revisen “bien la legalidad de pagar una asesoría jurídica a un exministro. No se vayan a encontrar luego con sorpresas que no podrán explicar”.

Fue la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, en conversación con La Tercera, quien ratificó que “el Ejecutivo, como en todas las acusaciones, estará presente para hacerse cargo de aquello. Porque este no es un tema personal, es un tema institucional. Aquí lo que se está defendiendo es un principio. Hay una acusación que no se justifica”.

Por su parte, conforme con la decisión de La Moneda se manifestó el jefe de bancada de los senadores PS, Juan Luis Castro. “El Ejecutivo puede ayudar en la defensa cuando la acusación es en el desempeño de la tarea de ministro. No debiera sorprender”.