Un amplio respaldo logró la reforma política, diseñada por el Ejecutivo, que busca “promover la gobernabilidad“, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

Esta iniciativa, empujada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), ya había sido aprobada en general en sala y despachada por la Comisión de Gobierno, por lo tanto, ahora solo restaba votar el articulado en particular.

Aunque el texto que emanó de la Comisión de Gobierno venía con un respaldo transversal desde la UDI al PC, salvo por la disidencia de legisladores independientes o de partidos nuevos o “emergentes”, el senador Pedro Velásquez (FREVS) pidió discutir por separado cuatro normas, lo que obligó a realizar dos votaciones.

En la primera, la mayoría de los artículos se aprobó por 37 a favor, 7 en contra (independientes y legisladores del PSC y del FREVS) y tres abstenciones (de los senadores DC, Francisco Huenchumilla e Iván Flores, y del militante de Demócratas, Matías Walker).

La segunda votación que agrupaba un conjunto de normas relacionadas con nuevas restricciones para la conformación y el financiamiento fiscal de partidos, tuvo otros descuelgues, pero igualmente se aprobó por 33 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones (se sumaron la DC Yasna Provoste y el PPD Pedro Araya y Huenchumilla no votó).

“De esta forma, contribuimos a enfrentar la atomización para tener partidos y movimientos más representativos, y eso genera condiciones para acuerdos que sean positivos para el país... El proyecto va a ingresar (a la Cámara) con las urgencias correspondientes y esperamos que sea despachado en un tiempo relativamente acotado y prudente”, dijo Elizalde tras la ronda de votaciones.

Nueva valla

Sin embargo, luego de este paso legislativo por el Senado, la iniciativa gubernamental llegará a manos de la Cámara, donde permanece congelada, desde septiembre de 2025, otra reforma política complementaria, diseñada por un grupo transversal de senadores. Esta otra propuesta modifica la Constitución para establecer causales de cesación del cargo a aquel legislador que renuncie a su partido o su bancada y para fijar un umbral de 5% de los votos para acceder a la representación en la Cámara.

El problema es que en esta otra rama del Congreso hay una mayor resistencia a estos cambios al sistema político, debido a la mayor presencia de independientes y de parlamentarios de los llamados partidos chicos o de grupos díscolos.

Además, La Moneda ha solo ha puesto énfasis a su propuesta, pero mira con distancia la reforma constitucional de los senadores. De hecho, ese otro proyecto nunca ha contado con algún tipo de urgencia gubernamental y todas las indicaciones que intentó agregar el Ejecutivo fueron desechadas por los senadores.

Por ello, durante el debate varios legisladores le pidieron directa e indirectamente al gobierno tramitar en forma conjunta ambos proyectos.

“Hay temas pendientes, sin duda, y que no son menores, y para lo cual ya hay un proyecto de reforma constitucional en segundo trámite en la Cámara de Diputados... Por ejemplo, no se ha regulado el efecto de la renuncia de los parlamentarios a los partidos políticos una vez elegidos, o a la renuncia de los comités parlamentarios (norma incluida en la otra reforma)”, dijo el senador Iván Moreira (UDI).

“Hay una reforma constitucional presentada transversalmente y aprobada por este Senado que hoy día se está tramitando en la Cámara. Esperamos que despachado esto por el Senado, ojalá se le ponga urgencia por el Ejecutivo en la Cámara. Creo que ambos proyectos son importantes y complementarios, ninguno basta por sí mismo”, añadió la senadora Luz Ebensperger (UDI).

“Valoro mucho que estemos por fin discutiendo en sala esta reforma de los partidos políticos, que es imprescindible complementarla. Esperamos que en la Cámara de Diputados, la próxima semana, puedan confluir este proyecto y la reforma constitucional”, agregó el senador Alfonso de Urresti (PS).

En el Senado, especialmente, y entre los partidos tradicionales que tienen representación en la Cámara, existe consenso en que hay una ventana reducida de tiempo antes del inicio del nuevo periodo parlamentario -el 11 de marzo- para sacar estas reformas políticas.

En caso contrario, la discusión -que ya tuvo que congelarse por el período electoral- podría volver a aplazarse indefinidamente, ya que el tema quedaría en manos de nuevos parlamentarios (entre ellos, 85 diputados debutantes) que no están necesariamente interiorizados de esta problemática.

Comités y restricciones a partidos

El proyecto del gobierno que fue despachado este martes por el Senado eleva a rango legal a los comités parlamentarios y le entrega un mayor poder al jefe de bancada para coordinar, determinar la distribución en las comisiones, entre otras medidas. En otras palabras, el jefe de bancada tendría la potestad de “castigar” a los rebeldes.

Además, esta reforma que modifica las leyes orgánicas de Partidos Políticos y de Votaciones y Escrutinios, aplica otras medidas como cortar el trasvasije de financiamiento público a colectividades que “se llevan” parlamentarios de otras tiendas. Esa problemática se ha acentuado en el último periodo.

Otro aspecto controversial de la reforma, que es resistido por tiendas pequeñas, es la eliminación de los partidos regionalistas que podían constituirse con solo tres regiones contiguas. El mínimo para conformar una nueva colectividad sería de 8 regiones.

Además se eleva la cantidad de afiliados por región para crear estas entidades. En vez del “0,25% del electorado que hubiere sufragado”, se exigiría “el 0,5% de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo”, lo que implica cuadriplicar las firmas necesarias.

La Comisión de Gobierno, no obstante, dispuso una norma transitoria más flexible para los partidos constituidos, que en caso de no reunir ese 0,5%, tendrán 18 meses para juntar afiliados que representen el 0,25% del padrón.

Igualmente se aprobó una norma que sube la exigencia para la presentación de candidaturas independientes. Los aspirantes a La Moneda, por ejemplo, deberían reunir patrocinios en todo el país.

Finalmente se pone una medida para que los partidos condenen la violencia política.