En dos sesiones especiales, citadas para este lunes, entre las 10.00 y las 14.00 horas y desde las 15.00 horas y hasta total despacho, la Sala del Senado conoció y emitió su decisión respecto a la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

Por 44 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, la Cámara Alta aprobó el primer capítulo del libelo respecto a faltar el deber de reserva, que da lugar al notable abandono de deberes.

Respecto al segundo capítulo, en cuanto al deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales, la votación fue de 27 votos a favor y hubo ocho votos en contra y ocho abstenciones.

En la deliberación sobre el tercer capítulo, que acusó una intervención indebida en los nombramientos, que da lugar al notable abandono de deberes, la votación fue de de 30 votos a favor, siete en contra y ocho abstenciones.

Con esto, el Senado destituyó a Ulloa de su puesto en el tribunal de alzada capitalino y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años.

La acusación fue presentada por diputados oficialistas luego que la Corte Suprema rechazó la remoción del magistrado en el proceso disciplinario por sus contactos con Luis Hermosilla, el influyente exasesor del Ministerio del Interior imputado en el llamado caso Audio.

Para aprobar en el Senado la acusación por la causal de “notable abandono de deberes”, a la que dio lugar la Cámara de Diputados, el libelo debía ser respaldado por 26 votos.

El cuórum fue lo que salvó a Ulloa en la Suprema, debido a que hubo un empate en la votación respecto a la remoción y no se alcanzó la mayoría exigida para sancionar.

Para la votación en la Cámara Alta, el cuórum también se había constituido en un tema clave, atendiendo la incertidumbre sobre las asistencias por la cercanía de las elecciones. El domingo 16 de noviembre se van a renovar 23 de los 50 escaños del Senado con votaciones en siete regiones del país y varios honorables compiten por la reelección.

Este lunes, la discusión estuvo marcada por un altercado que involucró al diputado Daniel Manouchehri con los senadores Yasna Provoste y Fidel Espinoza y motivó una interrupción de la sesión.

Defendiendo al magistrado, el abogado Domingo Hernández expuso ante los legisladores calificando el proceso como un “juicio mediático” y recalcando que la Corte Suprema ya había sancionado a Ulloa.

El letrado argumentó que la acusación contaba con 24 páginas, en contraste con las 412 páginas de antecedentes que ponderó el máximo tribunal.

“Es la primera vez que un caso sentenciado y juzgado por sentencia firme llega hasta el Senado”, advirtió.

Ulloa, en tanto, negó pertenecer a una red de corrupción como se le acusó y abordó su relación con Hermosilla.

“Jamás conversé con el señor Hermosilla respecto de una causa jurisdiccional administrativa, ya sea de la Corte de Copiapó o de la Corte de Santiago, en la cual él pudiera haber intervenido en la decisión que yo tomé”, afirmó.

Los argumentos de los legisladores

En la segunda sesión de la jornada, tras escuchar a los diputados acusadores y al juez y su abogado, los senadores se manifestaron respecto a los tres capítulos de la acusación, entregando sus argumentos.

La senadora del Partido Comunista (PC) Claudia Pascual justificó su voto favorable al libelo, planteando que Ulloa no fue absuelto en el proceso en la Suprema.

“Hacer valer la responsabilidad constitucional por los graves hechos de corrupción falta a la probidad e incumplimiento de los deberes ministeriales es lo que estamos hoy día valorando, y no un doble juzgamiento por los mismos hechos porque son de sedes distintas”, sostuvo.

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste, en tanto, se sumó al voto en favor de la destitución del funcionario judicial.

“El señor Ulloa traicionó la confianza pública, abandonó el deber de imparcialidad y participó en el tráfico de influencias. Sus actuaciones se alejan completamente de lo que corresponde a la magistratura y a los principios de independencia que le informan. No creo en sus explicaciones”, recalcó la senadora DC.

El senador del partido Evolución Política (Evópoli) Luciano Cruz-Coke indicó que, a su juicio, no se acreditó con la fuerza suficiente el notable abandono de deberes en el segundo capítulo de la acusación.

“De los antecedentes expuestos, no me es posible concluir que existiera una relación directa y cercana entre el ministro y los abogados que patrocinaban las causas en las que no se habilitó”, explicó.

En esa línea, precisó que aprobaba la acusación “por estimar que existe un manifiesto incumplimiento de los deberes constitucionales que rigen el ejercicio de la función judicial en los hechos descritos en los capítulos primero y tercero”.

Por su parte, Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia (PPD) se pronunció contra la acusación y optó por inhabilitarse.

“Respecto a los capítulos primero y segundo, los hechos descritos constituyen infracciones de carácter administrativo cuyo conocimiento y sanción le corresponde a la Corte Suprema. Respecto al capítulo tercero, los hechos invocados en mi juicio no configuran esta infracción constitucional”, esgrimió.

Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional, también se inhabilitó, indicando que su cónyuge es miembro del Poder Judicial.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Gustavo Sanhueza llamó a “darle el peso correspondiente que tiene una acusación de este tipo”.

El senador Javier Macaya, por su parte, acusó un “uso instrumental” de este tipo de procesos.

“La acusación constitucional no puede transformarse solamente en una herramienta para disputar hegemonía ideológica ni para ajustar cuentas”, señaló.

Rojo Edwards, senador del Partido Libertad, dijo que al llegar a la sesión de la mañana pensaba aprobar, idea que cambió al escuchar los antecedentes.

“Considero que la sanción es desproporcionada”, apuntó.

Fin a 36 años de carrera judicial de Ulloa

Durante la pandemia de coronavirus, en abril de 2021, en modalidad virtual, Antonio Ulloa juró como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en la vacante por la promoción de Leopoldo Llanos a la Suprema e ingresó a integrar la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino.

El letrado ingresó al Poder Judicial en 1989 como oficial tercero del 4° Juzgado del Trabajo de Santiago, sirviendo el mismo cargo en el 6° Juzgado del Trabajo (agosto 1991) y posteriormente los cargos de oficial segundo del 8° Juzgado del Trabajo de Santiago ( octubre 1991); oficial primero del 9° Juzgado del Trabajo de Santiago (1993); secretario del 29° Juzgado del Crimen de Santiago (1995); relator de la Corte de Apelaciones de Santiago (1997); juez del 7° Juzgado de Garantía (2003) y del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (2005).

Asimismo, el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile se desempeñó como ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó desde noviembre de 2012, la que presidió en los años 2013 y 2017.