Con una carpeta celeste llegó esta mañana de visita a la Cámara de Diputados el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN).

Debido a que los diputados estaban sesionando a esa hora, Ossandón prefirió trasladarse a la otra rama del Parlamento para reunirse con su par de la Cámara, José Miguel Castro (RN).

El encuentro fue breve, sin embargo tenía como objetivo coordinar criterios y dar el puntapié inicial a los eventuales sumarios administrativos que se impulsarán en el Congreso por la polémica de funcionarios públicos que viajaron irregularmente al exterior mientras gozaban de licencia médica.

Esta problemática fue destapada por un informe de la Contraloría que denunciaba 25.078 casos, entre 2023 y 2024, a partir de un cruce de información proporcionada por la Policía de Investigaciones y licencias registradas en la Superintendencia de Seguridad Social. No obstante, debido a que el organismo contralor no tiene tutela en el Congreso, sus autoridades iniciaron su propia pesquisa.

Ello, sin embargo, abrió otra interrogante jurídica. Si bien la Contraloría puede requerir información a la PDI, las mismas autoridades del Congreso admiten que han tenido que improvisar, ya que aún hay dudas de si pueden requerir antecedentes a la policía.

Al menos desde el Senado la mesa tiene un respaldo transversal para iniciar su ofensiva, y el 26 de mayo se ofició a la PDI, requiriendo información de funcionarios y personas contratadas por la corporación con Código del Trabajo. Esa respuesta llegó en los últimos días y alertaba de la existencia de 14 casos, que serían sometidos a un sumario.

En el caso de la Cámara y la Biblioteca del Congreso han optado por un camino más cauteloso a la espera de despejar las dudas jurídicas, aunque esta mañana el diputado Castro confirmó que avanzarán con las investigaciones.

Incluso desde las mismas asociaciones de funcionarios han advertido que, independiente de que respalden las medidas contra personas que fraudulentamente usaron sus licencias, sus casos se pueden judicializar por el reclamo de los propios sancionados.

“Estamos de acuerdo en que se investigue. Caiga quien caiga. Pero somos responsables y creemos que se tiene que investigar con atribuciones. Es decir, que no vale de nada informar por la prensa que se van a adoptar determinadas medidas y después señalar que no se tienen las atribuciones para llevar adelante las medidas que se anunciaron. El Congreso en general no tiene atribuciones para pedir información a la Policía de Investigaciones, para que se le envíe la información de funcionarios que prestan servicio y que salieron del país”, comentó Bastián Espinosa, presidente de una de las agrupaciones de asesores parlamentarios de la Cámara (Afutraparch, Asociación de Funcionarios Trabajadores Parlamentarios de Chile), que en rigor no tienen la calidad de empleados públicos, por estar regidos por el Código del Trabajo.

De hecho, dirigentes de las asociaciones de asesores precisan que tampoco correspondería que fueran sometidos a sumarios, ya que son personal de confianza; por lo tanto, su continuidad, si es que hay una irregularidad, dependería de la decisión de los parlamentarios.

“No vamos a hacer ningún amparo de nada. Que se investigue. Todo tiene que ser transparente. Pero el tema es que bajo las condiciones laborales en que nosotros estamos no se tiene facultades. Esa es la diferencia. Si a mí me contratan por el artículo 22 (del Código del Trabajo) puedo estar trabajando en Punta Arena, en Arica o fuera del país, porque puedo hacerlo vía telemática”, comentó Dimitri Morales, presidente de la Asociación N°1 de Funcionarios Parlamentarios de la Cámara (Afunpar, también integrada por personal de apoyo de diputados).

El presidente de la Asociación de Profesionales de Secretaría del Senado, Francisco Javier Vives, dijo que hoy se reunieron con el presidente de la Cámara Alta para abordar este tema. “Pensamos que como funcionarios del Senado tenemos que cumplir las obligaciones que nos corresponden laboralmente, y si existen antecedentes para entender que algún funcionario haya podido cometer alguna infracción o falta al cumplimiento de sus funciones, no vemos que existan problemas en que se haga la investigación”, dijo.

Sin embargo, Vives admitió que desconocía si las secretarías del Senado y la Cámara tenían atribuciones para requerir información a la policía sobre salidas al exterior de los funcionarios. “La PDI es un organismo público, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, y es la que está a cargo de controlar la entrada y salida al país, de chilenos y de extranjeros. Por lo tanto, desconozco, insisto, si el secretario general tiene atribución. Si lo ha hecho, entiendo que tendría la facultad, porque el secretario general también tiene que actuar conforme a la ley”, agregó.

En vista de las dudas abiertas, otras asociaciones, en tanto, han optado por no pronunciarse a la espera de que las autoridades del Congreso definan los procedimientos administrativos.