“Los sistemas de monitoreo permitieron alertar operaciones inusuales”, afirmó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al ser consultada por parlamentarios respecto de eventuales fallas detectadas en el sistema financiero en el marco de la Operación Tokio.

El pasado 10 de junio la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados ofició a la CMF exigiéndole informar sobre “las eventuales fallas regulatorias detectadas a propósito de la denominada “Operación Tokio”.

El oficio también solicitó comunicar “pormenorizadamente, las medidas adoptadas tras dicho caso, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y reporte de operaciones sospechosas en el sistema financiero”.

La respuesta del regulador- firmada por la presidenta Catherine Tornel- llegó el pasado 19 de junio. En el escrito, detalló reuniones con los bancos que, hasta ahora, han figurado en el caso, así como el monitoreo y fiscalización que han emprendido.

“Respecto de los bancos que han sido mencionados públicamente, este organismo ha mantenido un estrecho seguimiento del caso, con el objeto de informarse respecto del análisis realizado por estas entidades sobre las personas naturales y jurídicas asociadas a este caso”, indicó.

Junto con ello expuso que “se han realizado una serie de reuniones con los responsables de las funciones de cumplimiento de las referidas entidades y, adicionalmente, fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”.

La Operación Tokio implicó la detención de 19 sujetos ligados a una célula del Tren de Aragua, cuyas operaciones permitieron movilizar alrededor de $75 mil millones. Entre los detenidos se incluye un ejecutivo del Banco Santander y una ejecutiva del BancoEstado. Los recursos - provenientes de delitos de extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando- fueron transferidos al exterior mediante criptomonedas a través de las plataformas Binance y BingX. También fueron utilizadas las plataformas chilenas Orionx, un Exchange de criptomonedas, y Koywe, una fintech de tesorería basada en activos digitales.

En su respuesta al oficio, la CMF también apuntó que, de acuerdo con la información recabada en todas las entidades, “los sistemas de monitoreo permitieron alertar operaciones inusuales, las que fueron analizadas y reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en aquellos casos en que no existía una debida justificación económica o jurídica aparente o no coincidía con el perfil financiero del cliente”.

El regulador financiero recordó en su respuesta la serie de normativas emitidas respecto de la prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alineadas con la regulación de la UAF. Así, detalló que su modelo de supervisión bancario “se orienta a evaluar que los bancos gestionen adecuadamente los riesgos a que están expuestos”.

Así, comentó que su fiscalización en el marco de la gestión de los bancos, apunta a verificar que la institución cuente con un marco de políticas suficiente que permita gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, si el directorio estableció un marco “adecuado” de gobierno para la gestión del riesgo, si cuenta con un oficial de cumplimiento que cuente con “una adecuada jerarquía e independencia” para desarrollar su función, y que la implementación de un sistema de monitoreo de operaciones que considere alertas para todos los productos y clientes.

Con ese marco de supervisión, la CMF comentó que sus revisiones “han evidenciado que, en general, los bancos presentan adecuadas estructuras de gobierno, marcos de políticas y procedimientos, como también controles en los distintos procesos y etapas del monitoreo”.

“Sin perjuicio de ello, se han observado algunos aspectos de mejora y situaciones que corregir, que han sido representadas a las entidades, respecto de las cuales, éstas han comprometido planes de acción para su regularización”, dijo el regulador.

Hace dos semanas el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, entregó más antecedentes de la investigación en el programa Hablemos en Off de radio Duna, donde confirmó que los bancos, desde hace un par de años, habían enviado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF.

“Los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (involucradas) también”, sostuvo.