El Instituto Nacional (IN) celebró este miércoles 209 años desde su apertura. Lo hizo, eso sí, sumido en una profunda crisis, alejado de los lugares de excelencia que por muchos años monopolizó, con los estudiantes yendo y viniendo presencialmente tras graves hechos de violencia, con pugnas de poder entre centros de padres y con los profesores protestando por el descontento a raíz de las condiciones de seguridad en el establecimiento.

Desde que las clases presenciales comenzaran a ser la norma en Chile y los estudiantes se volvieran a ver las caras tras dos años de encierro, una serie de sucesos ha marcado el año escolar del tradicional liceo. Semana a semana, algún hecho sacude al IN.

En marzo, el 23 hubo una protesta masiva de estudiantes externos al Instituto (también de algunos internos) por una serie de denuncias de índole sexual en contra de un estudiante. Esto llevó a suspender las clases de la jornada de la tarde. Y hacia fin de mes, el 29, cerca de 100 alumnos del IN protagonizaron desórdenes por el Día del Joven Combatiente, cuando tampoco hubo clases en la jornada vespertina.

Abril, uno de los meses con más hechos violentos, estuvo marcado por peleas entre alumnos viralizadas en redes sociales, además de una semana negra: el 25 reaparecieron en el IN -y con ello en el país- los overoles blancos y un alumno terminó quemado, lo que derivó en una denuncia del municipio de Santiago en fiscalía. Ese día, además, hubo una toma del frontis del recinto y los alumnos de la mañana fueron enviados a sus casas y las clases de la jornada de la tarde fueron virtuales.

Luego, el 27, estudiantes del IN se sumaron a las protestas que diversos liceos emblemáticos de la capital protagonizaron para exigir mejoras en las condiciones, lo que llevó, por ejemplo, a suspender la visita de la Sinfónica Nacional de Chile programada para el 28, día en que, otra vez, algunos de los estudiantes del recinto protagonizaron actos violentos en el llamado ‘mochilazo’. Al día siguiente, el 29, hubo un paro. Todo esto llevó a que 28 y 29 de abril, además del 2 y 4 de mayo, todas las actividades académicas fueran suspendidas por jornadas de reflexión para docentes.

Ya en mayo, el 5 el establecimiento fue tomado -con apoyo democrático posterior- por primera vez en el año (luego vendría otra el 17), lo que derivó en suspensiones de actividades e incluso que el Consejo General de Profesores acordara ni siquiera realizar clases virtuales. El 13, esa toma se depuso “por graves actos de violencia” al interior del recinto. Seis días después, el 19, algunos alumnos intentaron cortar la Alameda y luego el 23 un amago de incendio afectó al IN, presumiblemente causado por protestas de alumnos, quienes, a su vez, tenían tomado el liceo.

“No tenemos esclarecidos los hechos, ni las razones, ni los culpables del incendio”, dijo ese día Diego Jaque, presidente del Centro de Estudiantes. Además, calificó el incendio como “inaceptable”, argumentando que “no es posible que estemos demandando mejores condiciones de infraestructura y realicemos acciones como esta”.

Con la nueva toma depuesta, y justificando en los arreglos y reacomodos que se debían efectuar, la dirección optó por retomar la virtualidad desde el 27 de mayo hasta el 29 de junio. Así llegaron las vacaciones. Tras el receso, el primer día de clases -25 de julio- un overol blanco, alumno de la institución, fue formalizado por porte y uso de bombas molotov. Ese día hubo una serie de desórdenes que terminaron anticipadamente la jornada escolar y que llevaron a que el Ministerio del Interior y el municipio anunciaran acciones legales, así como que el Presidente Boric criticara los hechos.

“Ante este tipo de situaciones, la dirección del establecimiento aplicará las máximas sanciones que nos permita nuestro reglamento interno de Convivencia Escolar, además de seguir todas las acciones legales que correspondan para identificar a los responsables y sancionar estos hechos de violencia, que ponen en riesgo a toda la comunidad”, dijo esa vez el liceo.

Al día siguiente, el 26, el establecimiento decidió comenzar a exigir identificación para entrar a sus dependencias, y el 28 se estableció que las clases virtuales se retomarían desde el 29 de julio hasta el 5 de agosto. “Lo anterior, con el objetivo de resguardar la integridad física y psicológica de todos los miembros de nuestra comunidad”, según se señaló en un comunicado. De inmediato, los alumnos llamaron a un paro virtual para el 3 para mostrar su desacuerdo con esta medida, y aunque desde el lunes 8 se ha intentado retomar la normalidad con el Plan de Retorno Gradual (que se extenderá hasta el 26 de agosto), todo se ha visto afectado por dos sucesos: denuncias por violencia de género y la manifestación que el martes 9 protagonizaron los profesores del IN, quienes protestaron por las condiciones de seguridad en las que trabajan.

El presidente del consejo gremial del estamento docente del Instituto Nacional, José Vega Castro, explicó los motivos, que corresponden a la “suspensión constante de clases presenciales, daños a la infraestructura, socioemocionales, psicológicos y físicos, paralización de labores, carga excesiva de labores por constantes cambios en las planificaciones pedagógicas, adecuación presencial vía online”, entre otros.

“Como comunidad se han puesto todos los esfuerzos e implementado todas las herramientas disponibles para enfrentar esta crisis desde la convivencia escolar, orientación, consejo de curso, entre otros, sin embargo, no hemos obtenido resultados positivos. Las autoridades externas no han sabido dar respuesta a la crisis que se está viviendo, ya sea en seguridad y sana convivencia, como también en dar normalidad al proceso educativo”, acusó Castro.

Con todo lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional, Rodrigo Roco, jefe de la Dirección de Educación (DEM) de Santiago, el sostenedor del establecimiento, toma el guante y recuerda primeramente las acciones concretas que se han puesto en marcha para intentar evitar que se continúen perdiendo clases presenciales.

“Es importante aclarar que la pérdida de clases la entendemos como la paralización de las actividades académicas que, por ejemplo, se expresa en los cortes de jornada por violencia”, dice. En este sentido, agrega, “las clases online han permitido una continuidad del proceso formativo, siempre en el entendido que se trata de una medida temporal y acotada y de carácter extremo, como reacción a hechos de violencia y amenazas que ponen en riesgo a la comunidad y sus integrantes”.

En concreto, agrega la autoridad educativa comunal, esto implica acciones como el Plan de Apoyo Pedagógico, la contratación de maestros de distintas especialidades dedicados exclusivamente al IN, además de arreglos y trabajos de mantención. “Son avances que algunos considerarán menores aún, pero señalan la voluntad de cambio y un camino de trabajo conjunto”, asegura Roco, quien recuerda que por otra parte se presentaron denuncias y querellas en fiscalía y Carabineros “cada vez que han ocurrido hechos de violencia graves”.

Consultado por los resultados obtenidos con estas medidas y si los consideran positivos, el jefe de la DEM señala que no están “conformes con haber tenido que recurrir parcialmente a clases online durante este año, pero eso es lo que se ha debido hacer responsablemente ante situaciones de riesgo y de daño a personas y a la infraestructura del IN”. El problema, añade, “es que si, estando en presencialidad, se debe interrumpir permanentemente las clases, tampoco es un avance”.

¿La responsabilidad que le cabe a la DEM? “Es seguir haciéndonos cargo de los problemas de arrastre y abandono de la educación pública, además de la crisis de desconfianza con la institucionalidad y las problemáticas que los jóvenes vienen planteando hace tiempo pero que no han sido atendidas, como por ejemplo, el rechazo a toda violencia y discriminación de género”, expone.

Pero, ¿están satisfechos con lo que como sostenedores han hecho hasta aquí? “Este año hemos logrado, en conjunto, tener una conflictividad muchísimo menor a la de años anteriores. Eso es algo evidente, pero sabemos que un solo hecho de violencia aguda, que afecte a nuestras comunidades, es de por sí gravísimo, entonces debemos seguir trabajando con nuestras herramientas, que son las de la educación, mejorando nuestros protocolos y capacidades, pero no podemos reemplazar la labor investigativa de las policías y otros agentes del Estado”, se extiende Roco.

Con el tiempo y tras las acciones que tomen, asegura la autoridad, “las comunidades educativas serán quienes realicen esa evaluación y en función de ello, podremos responder acerca del nivel de satisfacción”.

Sobre las protestas de los profesores, Roco asegura: “Entendemos el punto que han buscado, que es señalar su cansancio y el rechazo a esta violencia”. En el ámbito de la salud de profesores y profesoras, suma, “estamos llevando a cabo un Plan de Salud Laboral Docente”.

Como sea, el establecimiento recibió así sus 209 años de historia. “El acto de aniversario fue muy vigoroso en torno a la voluntad y capacidad de esta comunidad educativa de salir adelante. No es primera vez en la historia que el IN ha sido centro de convulsiones que reflejan problemas mayores, de la sociedad chilena y de su sistema educativo”, cierra Roco.